En un movimiento que ha causado un gran revuelo en la política chilena, los diputados de Chile Vamos han presentado un requerimiento oficial a la Contraloría. El objetivo principal de este requerimiento es solicitar una fiscalización exhaustiva de todas las acciones judiciales que ha emprendido el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Los parlamentarios de Chile Vamos han levantado acusaciones graves contra el INDH. Estos alegan que la institución ha estado operando fuera del marco de sus competencias legales. Además, también la acusan de utilizar indebidamente recursos fiscales, que son fondos proporcionados por el gobierno para fines específicos.
El requerimiento fue presentado por cuatro diputados prominentes de Chile Vamos. Estos son Hugo Rey (RN, subjefe), Andrés Longton (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli). Estos diputados se han unido para presentar este requerimiento, mostrando una sólida unidad en su partido.
El requerimiento se basa en una reciente acción del INDH. Esta institución decidió presentar una querella penal por tráfico de influencias en el proceso de designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema. Los diputados argumentan que esta acción judicial sobrepasa las atribuciones del INDH, constituyendo una «ilegalidad manifiesta», y un uso indebido de recursos fiscales.
Los parlamentarios de Chile Vamos sostienen que el INDH ha excedido sus competencias legales. Según la Ley N°20.405, se establece un doble mecanismo para conferir autoridad judicial al INDH. Por un lado, se le permite emprender acciones judiciales en el ámbito de su competencia. Por otro lado, tiene la legitimidad para presentar querellas en relación con un conjunto específico de seis delitos, que no incluye delitos de corrupción o contra la función pública como el tráfico de influencias.
El requerimiento presentado es un documento de 11 páginas. En él, los diputados detallan las facultades del INDH y explican cómo ha excedido sus competencias legales. Argumentan que la capacidad del INDH para presentar acciones judiciales está limitada a ciertos delitos específicos. Estos incluyen genocidio, lesa humanidad, guerra, tortura, desaparición forzada, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
A este respecto, la diputada Flor Weisse (UDI) señaló que su partido respalda y solicita la presentación a la Contraloría. Weisse argumenta que los consejeros del INDH están excediéndose en sus atribuciones y que se ha vulnerado el principio de legalidad. Adicionalmente, sugiere que este exceso de atribuciones es arbitrario y podría tener fines electorales.
Los legisladores de Chile Vamos argumentan que la acción del INDH implica un uso indebido de los recursos fiscales. Estos recursos deberían ser utilizados para cumplir con su mandato de protección y promoción de los derechos humanos. En este sentido, destacan las declaraciones de la consejera del INDH, Beatriz Corbo, quien criticó la falta de prolijidad en la toma de decisiones del Consejo y mencionó presiones a los consejeros.
Finalmente, los parlamentarios han solicitado que la Contraloría tome medidas. En concreto, piden que se instruyan las medidas administrativas y disciplinarias necesarias para restablecer la legalidad. Además, requieren que se asegure la responsabilidad de los funcionarios involucrados para garantizar la transparencia en las actuaciones del INDH.
