El Gobierno de Georgia se encuentra en una deriva autoritaria que amenaza con tener consecuencias más allá del congelamiento de las conversaciones de adhesión a la Unión Europea (UE). A pesar de las protestas y críticas internacionales, ha aprobado la ley de agentes extranjeros de inspiración rusa. Según un documento confidencial del Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la UE, los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros de la Unión están considerando paralizar la financiación de proyectos que involucran a las autoridades georgianas, los programas de colaboración y el envío de fondos para el ejército ante los «acontecimientos negativos en el país».
La Ley de Transparencia sobre Influencia Extranjera es especialmente controvertida, ya que pone en riesgo los proyectos que reciben financiación del exterior, desde cooperativas agrícolas hasta asociaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos. Esta ley, que entrará en vigor en agosto, ha provocado manifestaciones multitudinarias a pesar de la intimidación, amenazas y agresiones físicas contra representantes de la sociedad civil, líderes políticos y periodistas.
Desde febrero, Georgia es candidato a adhesión a la UE. En Bruselas, existe una gran preocupación por la situación en el país y las acciones del gobierno, que algunos ven como un intento de alejar al país caucásico de la senda europea y mantener el paraguas de influencia ruso. No solo es la ley de agentes extranjeros lo que preocupa, sino también otras medidas tomadas en los últimos meses. Entre ellas se encuentran un paquete de leyes sobre la «protección de los valores familiares y de los menores», similar a las enmiendas constitucionales para prohibir la «propaganda LGBTIQ»; la abolición de las cuotas electorales de género por parte del Parlamento; enmiendas al código electoral para cambiar la elección por consenso de la Comisión Electoral Central; o medidas que afectan a la independencia del Banco Nacional de Georgia.
La UE ha observado con preocupación los antecedentes de Polonia y Hungría, que han mantenido durante años una deriva autoritaria que les ha acarreado castigos de Bruselas. A pesar de todo, Varsovia ha reconducido esta deriva con la salida del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (Pis). Con esa experiencia, la UE no está dispuesta a permitir esa senda en un país candidato.
Entre las medidas que los jefes de la diplomacia de los Veintisiete debatirán el lunes 24 en una reunión en Luxemburgo, está la congelación de fondos que se destinan a programas que manejan las autoridades y el envío de paquetes económicos para material no letal y formación de las fuerzas de seguridad georgianas a través del Fondo Europeo para la Paz. También se contempla suspender las reuniones de alto nivel, tanto por parte de la UE como de los Estados miembros. Estas medidas podrían levantarse una vez se derogue la ley, siempre que las preocupaciones de la UE sobre el retroceso democrático se aborden suficientemente y vayan acompañadas de mensajes públicos claros.
Además, los Veintisiete también están analizando medidas en caso de un «mayor deterioro», por el «uso de violencia contra manifestantes pacíficos, intimidación, o irregularidades en el proceso electoral». Entre estas, se plantea suspender la participación de Georgia en los diálogos a nivel político hasta que la situación mejore o incluso recomendar a los países que introduzcan un requisito de visa Schengen temporal para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio georgiano.
Si la situación empeora aún más, la UE habla de la posibilidad de suspender durante nueve meses el régimen de entrada sin visado a la UE. Pero advierte de que esa medida puede tener un impacto inmediato en la población georgiana. En cambio, la atención debería centrarse más bien en las prohibiciones de entrada a personas individuales y en el compromiso de los Estados miembros de no conceder exenciones de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio.
Por último, el SEAE también plantea intensificar la cooperación y el apoyo europeo a la sociedad civil, y la necesidad de aumentar los mensajes públicos y las campañas contra la desinformación.
