El gobierno de Venezuela ha hecho una solicitud audaz al tribunal federal de Estados Unidos para que detenga el proceso de venta de las acciones de Citgo Petroleum, uno de los activos más valiosos de la nación sudamericana en el extranjero. La nación alega que Citgo es una propiedad del Estado venezolano y que su eventual subasta constituiría un robo.
Citgo es una empresa de gran importancia tanto para Venezuela como para Estados Unidos. En 1990, Venezuela completó la compra de Citgo, una empresa que en la actualidad tiene bajo su control tres refinerías, comercializa gasolina y tiene varias plantas petroquímicas en Estados Unidos. Sin embargo, en 2019, durante la administración de Donald Trump, el control de la empresa y los dividendos que generaba se transfirieron a la oposición venezolana, liderada en ese momento por Juan Guaidó. Como resultado, el gobierno venezolano perdió una fuente significativa de recursos que necesitaba para sustentar el bienestar de los ciudadanos.
El conflicto sobre Citgo no es reciente. Durante años, un caso judicial llevado a cabo por la minera canadiense Crystallex Corp ha estado pendiente en Estados Unidos. Crystallex demandó al Estado venezolano después de que el gobierno de Hugo Chávez expropiara una mina de oro en Las Cristinas, en el estado Bolívar.
Recientemente, la justicia ordenó la venta de Citgo para que Crystallex y otros acreedores vinculados a Venezuela pudieran liquidar sus supuestas deudas. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó el fallo en su momento y también el visto bueno del gobierno de Joe Biden para vender la empresa venezolana.
El gobierno de Venezuela ha expresado su descontento con el hecho de que no se le permitiera defender a Citgo en los tribunales. Citgo es una propiedad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, declaró la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Citgo ha sido valorada entre 11 y 13 mil millones de dólares. Sin embargo, la oferta más alta en la primera ronda de licitación fue de 7,300 millones de dólares. Esto ha llevado a Caracas a asegurar que adoptará todas las medidas posibles para evitar lo que llama el mayor robo de la historia.
El proceso de subasta de Citgo está programado para finalizar en julio del próximo año. Sin embargo, si el gobierno venezolano tiene éxito en su intento de detener la venta, este plazo podría cambiar. Este caso es un claro ejemplo de cómo los conflictos internacionales y las políticas internas pueden afectar a las empresas y los activos de una nación en el extranjero. En este caso, la decisión final tendrá un impacto significativo tanto en la economía venezolana como en la relación entre Venezuela y Estados Unidos.
