En el último año, el escándalo conocido como el Caso Convenios ha mantenido en vilo a la administración del gobierno chileno. El estudio de esta trama de contratos y convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y más de 60 fundaciones en las 16 regiones del país ha provocado acusaciones de impunidad política y penal, y ha levantado severas críticas contra el gobierno.
Es importante recordar que todo comenzó hace exactamente un año, cuando el portal de noticias de Antofagasta, Timeline, reveló la existencia de contratos con traspaso directo de dinero desde la Seremi de Vivienda hacia la fundación Democracia Viva. Esto no solo puso en la mira a esta fundación y a la Seremi, sino también abrió una «caja de pandora» de tratos y convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y una serie de fundaciones a lo largo y ancho del país.
Este escándalo se ha convertido en uno de los más grandes que ha tenido que enfrentar la actual administración de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Parlamentarios de la Comisión Especial Investigadora del caso han criticado duramente al gobierno, acusándolo de proteger a funcionarios oficialistas y de no cumplir con su promesa de la política de “caiga quien caiga”.
El monto total investigado en este caso asciende a $89.961 millones de pesos, una cifra que ha sorprendido y generado indignación en la sociedad y la clase política. El diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Especial Investigadora del caso, José Miguel Castro, criticó la falta de consecuencias dentro del Ejecutivo, calificándolo de “penoso para Chile”.
Por su parte, la diputada independiente y miembro de la misma Comisión, Yovana Ahumada, criticó el papel del Ejecutivo en cuanto a las responsabilidades en este caso. Otro diputado independiente, Rubén Oyarzo, acusó que La Moneda ha “blindado” a dirigentes oficialistas y cuestionó la permanencia en el cargo de ciertas autoridades.
Desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, valoró las indagatorias que ha llevado adelante el Ministerio Público y pidió que los resultados obtenidos sean transparentados.
El caso ha tenido un impacto desigual en las diferentes regiones de Chile. La región del Bío Bío es la que tiene más tratos siendo investigados, con 21 fundaciones implicadas. Por otro lado, La Araucanía es la región que ha traspasado más dinero, con más de 44 mil millones a través de la gobernación encabezada por Luciano Rivas, un gobernador cercano a la derecha.
Este caso sigue en desarrollo, y los ojos de la nación están puestos en la Comisión Especial Investigadora y en el Ministerio Público, a la espera de los resultados de las indagatorias y de las posibles consecuencias que puedan tener para el gobierno y para las fundaciones implicadas.
