La periodista y activista china, Sophia Huang Xueqin, una figura prominente en la lucha contra el acoso sexual y la defensora de los derechos humanos en China, ha sido sentenciada a cinco años de prisión por el Tribunal Intermedio de Cantón. El tribunal la condenó por «incitar a la subversión del poder estatal», un cargo comúnmente utilizado contra los activistas de derechos humanos en China.
Huang Xueqin, que ha estado detenida durante 999 días, también ha sido privada de sus derechos políticos durante cuatro años. Este castigo adicional significa que Huang no será liberada hasta septiembre de 2026.
Nacida en 1988, Huang jugó un papel crucial en la iniciación del movimiento #MeToo en China en enero de 2018. Trabajó incansablemente para recopilar testimonios de víctimas de agresiones sexuales, dando voz a las mujeres chinas que habían sufrido estos abusos. Además de su trabajo en la lucha contra el acoso sexual, Huang también cubrió temas relacionados con la corrupción y la contaminación industrial.
En 2019, Huang compartió su experiencia durante las protestas antigubernamentales que sacudieron Hong Kong en 2020 en internet. Las autoridades de Cantón la detuvieron después de la publicación de su relato, según la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD por sus siglas en inglés).
La CHRD ha denunciado que el tratamiento que Huang y su colega Wang Jianbing han recibido a manos de la policía está «plagado de violaciones de la ley y de la justicia procesal chinas». Wang, nacido en 1980, fue condenado a tres años y seis meses por el mismo cargo que Huang. Durante los primeros meses de su detención, estuvo en régimen de incomunicación y las autoridades se negaron a revelar a su familia cualquier información sobre su paradero o su detención.
A Huang no se le permitió ver a un abogado de su elección y fue sometida a interrogatorios prolongados y repetidos. La CHRD sostiene que Huang fue encausada por su trabajo como periodista independiente y por destapar abusos contra los derechos humanos en China.
Además, la ONG señala que Wang, un activista reconocido por su apoyo a personas con discapacidad y a trabajadores que desarrollaron enfermedades debido a las malas condiciones laborales, participaba frecuentemente en reuniones informales con amigos, en las que también habría participado Huang. Estas reuniones, según la ONG, no tenían ninguna estructura explícita o intención política.
El año pasado, varias ONG denunciaron que ambos habían sido «juzgados sin garantías» y pidieron al Gobierno chino que los liberara «inmediatamente». Renee Xia, directora de la CHRD, afirmó en ese momento que «es el Gobierno chino quien debería ser juzgado por encerrar ilegalmente a sus propios ciudadanos simplemente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos».
La condena de Huang y Wang ha despertado la indignación de la comunidad internacional y ha llamado la atención sobre la creciente represión de los derechos humanos en China. No obstante, las autoridades chinas siguen justificando sus acciones alegando que están manteniendo la estabilidad social y política.
