El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un ultraconservador conocido por su firme postura contra la inmigración, enfrenta una multa de 200 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras negarse a acoger refugiados de Siria durante la crisis humanitaria de 2015 y 2016. La sanción se suma a un cargo adicional de un millón de euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia.
El TJUE, con sede en Luxemburgo, dictaminó este jueves que el gobierno de Budapest ha cometido una «violación inédita y excepcionalmente grave del derecho de la Unión». La sentencia se basa en que el ejecutivo magiar no acató un veredicto previo de 2020, en el que se le instaba a cumplir con el sistema de reparto de refugiados cuando la guerra en el país árabe causó la salida de cientos de miles de personas hacia Europa.
En su sentencia de 2020, el TJUE ya había fallado que el gobierno de Orbán «no había respetado las normas del derecho de la Unión relativas, en particular, a los procedimientos de concesión de protección internacional». En aquel momento, Hungría, al igual que Polonia y la República Checa, ignoró el sistema de reubicación pactado por los Estados miembros en el Consejo de la UE para aliviar la presión sobre Grecia e Italia, los países por los que entraba la mayoría de refugiados sirios. Los tres países argumentaron que el sistema acordado no funcionaba y que no era apropiada la colaboración con Atenas y Roma.
Los jueces de la UE apuntaron en su momento que los tres países incumplidores «no pueden invocar ni sus responsabilidades en materia de mantenimiento del orden público (…) ni la supuesta disfunción del mecanismo de reubicación» de 2015 «para sustraerse a su ejecución». Aquel fallo daba la razón a la Comisión Europea, que en diciembre de 2017, llevó a los tres países ante la justicia.
Pese a esta sentencia, Budapest siguió incumpliendo con sus obligaciones de recolocación de refugiados, lo que llevó a Bruselas a aplicar un nuevo procedimiento sancionador que ha culminado con esta multa de 200 millones. En su comunicado, el TJUE señaló que «Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020».
El tribunal argumentó que la actitud de Hungría «vulnera el principio de cooperación leal», evitando deliberadamente aplicar la política común de la Unión en materia de protección internacional. Además, con su proceder, el gobierno húngaro «menoscaba gravemente el principio de solidaridad», una base fundamental de la UE.
Durante los años en que Budapest minó este principio básico de la UE, Hungría fue el país que más dinero recibió del presupuesto comunitario en términos relativos. Entre lo contribuido al presupuesto común y recibido de él en el periodo 2014-2020, el saldo neto se acercó al 4% de su renta nacional bruta, por encima de Bulgaria, Lituania o Letonia.
El primer ministro Viktor Orbán, calificó este jueves de «indignante e inaceptable» la multa de 200 millones de euros. «Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos», dijo Orbán en un mensaje a través de la red social X, difundido también por la agencia EFE.
