En medio de una crisis económica que oficialmente no se reconoce, Bolivia se enfrenta a una grave escasez de diésel. El presidente Luis Arce calificó la situación del diésel como “patética” y ha optado por la militarización del sistema de suministro de combustibles, que están subsidiados en Bolivia, con la intención de prevenir su contrabando a los países vecinos. Esta medida es una respuesta a la creciente insatisfacción popular que ha llevado a su nivel de aprobación a un mínimo del 18% según una encuesta de Gallup realizada en mayo.
En una conferencia de prensa, Arce reveló que Bolivia, antes considerada un importante productor de hidrocarburos en Sudamérica, ahora importa el 56% de la gasolina y el 86% del diésel que consume. Esta dependencia de las importaciones está causando protestas entre los transportistas, que ya han bloqueado las principales rutas del país durante varias horas y amenazan con hacerlo de manera indefinida si no se garantiza un suministro más constante. Los transportistas también están pidiendo la renuncia de los directores de los servicios de Aduanas e Impuestos y un mayor acceso a los dólares, que también escasean en Bolivia.
La falta de dólares está impidiendo la importación de suficiente diésel, y a la vez, la necesidad de importar alrededor de 3.200 millones de dólares anuales de combustibles está agotando las divisas del país en un contexto de “desaparición” de las reservas del Banco Central, tras muchos años de altas importaciones y fuga de capitales.
La militarización del sistema de suministro tiene como objetivo aumentar la incautación de combustibles desviados al contrabando, que se estima representa una pérdida de unos 250 millones de dólares anuales. Bolivia se encuentra entre los países con el diésel más barato del mundo, lo que incentiva el contrabando. Sin embargo, Arce ha descartado la eliminación de las subvenciones, ya que «nuestra principal preocupación es la billetera de la gente».
Existe un cierto consenso en los círculos académicos de que el país no puede seguir “mintiéndose con los precios” y que una actualización de los mismos podría ayudar a resolver la actual escasez, ya que impediría que el consumo siguiera aumentando a un ritmo del 5% más cada año, eliminando así el contrabando.
Arce atribuyó el problema a la falta de impulso en la perforación de pozos exploratorios desde 2016, cuando comenzaron a agotarse los campos de gas y petróleo del país. Señaló que este tema correspondía al Ministerio de Hidrocarburos, no al de Economía, y culpó al gobierno anterior, a cargo de Evo Morales, con quien ahora se disputa el liderazgo de la izquierda boliviana.
Además de la crisis del diésel, Bolivia también enfrenta un alza en los precios de productos básicos como el tomate, la cebolla y el arroz. Arce atribuyó esta alza a la crisis climática, la especulación en los mercados y la inflación en los países vecinos. A pesar de los desafíos, el presidente asegura que su gobierno está trabajando para evitar que los precios suban más y que el «Modelo Económico Social Comunitario Productivo» que creó ha logrado mantener una baja inflación.
