El miércoles se convirtió en un día de fuertes tensiones en Argentina, marcado por protestas masivas y confrontaciones violentas entre la policía y los manifestantes. La razón detrás de esta efervescencia social es el proyecto de ley que otorga herramientas al ultra Javier Milei para desmantelar el Estado, una propuesta que ha causado un gran revuelo en el país sudamericano.
La tradición argentina de resistencia callejera ante leyes polémicas se hizo evidente una vez más con miles de personas congregándose frente al Congreso argentino para expresar su descontento. «La patria no se vende, la patria se defiende», se convirtió en el grito de guerra de los manifestantes. Pero, la protesta pacífica pronto se volvió violenta, con un grupo de protestantes arrojando piedras y cócteles molotov, provocando la respuesta inmediata de la policía.
El Presidente de Argentina reaccionó a los disturbios acusando a los manifestantes de ser «terroristas» que intentaban perpetrar un golpe de Estado al entorpecer el normal funcionamiento del Congreso. El Gobierno ultraderechista había diseñado un extenso operativo de seguridad para evitar que los protestantes bloquearan las avenidas alrededor del edificio legislativo.
El primer incidente grave ocurrió alrededor del mediodía cuando la policía antidisturbios reprimió con gas pimienta a aquellos que intentaban ingresar a la plaza. Entre los afectados se encontraban seis diputados kirchneristas, quienes tuvieron que recibir asistencia médica. En respuesta a la violencia, la diputada peronista Cecilia Moreau acusó al Gobierno de declarar una guerra al pueblo argentino.
Las tensiones alcanzaron su punto más alto alrededor de las cuatro de la tarde, cuando varios manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad y derribaron las vallas que impedían el acceso a la calle frente al Congreso. En respuesta, la policía utilizó tanquetas lanza agua, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud.
La ley que causó tal agitación fue aprobada por la mínima en el Senado, con un empate de 36 votos a favor y 36 en contra. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, tuvo la última palabra, desempatando a favor del Gobierno. La ley es vista con gran escepticismo, especialmente por la delegación de facultades legislativas a un presidente que busca dinamitar el maltrecho Estado de bienestar argentino y a la privatización, cierre o desfinanciación de empresas y organismos públicos.
A medida que avanzaba la noche, las protestas se trasladaron del centro de Buenos Aires al corazón de los hogares argentinos. Los vecinos descontentos con el Gobierno salieron a puertas y balcones para golpear cacerolas y otros objetos metálicos contra la ley y la represión policial.
La tensión que rodea a esta votación no es para menos, ya que es crucial para el futuro político y económico del país. El partido oficialista La Libertad Avanza tiene sólo el 10% de las bancas del Senado y ha tenido que hacer numerosas concesiones para conseguir el respaldo de parte de la oposición dialoguista.
En resumen, Argentina se encuentra en un punto crítico, con un Gobierno que busca desmantelar el Estado de bienestar y una oposición que se niega a ceder. Las tensiones sociales son altas y las próximas semanas serán fundamentales para determinar el curso de la nación.
