El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una multa de 200 millones de euros a Hungría por violar sistemáticamente los derechos de los demandantes de asilo que llegan a su frontera. La sanción también incluye una multa adicional de un millón de euros por cada día de incumplimiento de una sentencia anterior que ya había condenado al gobierno de Viktor Orban por esta situación.
La decisión de Budapest de eludir deliberadamente la aplicación de una política común de la Unión Europea es un incumplimiento que el Alto Tribunal Europeo considera como «una violación inédita y excepcionalmente grave» del derecho comunitario. El tribunal declaró que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020, lo que supone una vulneración del principio de cooperación leal.
El no aplicar deliberadamente la política común de la Unión en materia de protección internacional y las normas sobre la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular es considerado por el tribunal como una «amenaza importante» para la unidad del Derecho de la Unión. Esta amenaza afecta de manera «extraordinariamente grave» tanto a intereses privados, en particular a los de los solicitantes de asilo, como al interés público.
En respuesta a la sentencia, Orban calificó la decisión del TJUE como «indignante e inaceptable». A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, criticó la política general del bloque, alegando que parece que los migrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos.
La primera condena a Hungría por este caso se produjo en diciembre de 2020, cuando el TJUE dictaminó que este país estaba incumpliendo sus obligaciones en materia de asilo y retorno fijadas por el Derecho europeo. El tribunal criticó las dificultades que impone a los demandantes de asilo durante el proceso que se les exige para tramitar las peticiones de acogida al llegar a su frontera.
Según el Tribunal con sede en Luxemburgo, las medidas que las autoridades húngaras aplican en la frontera serbo-húngara dejan a los migrantes que llegan a ese lugar en la «casi imposibilidad» de demandar asilo. Esta situación es especialmente grave ya que este trámite es una «fase fundamental» en el proceso para resolver las peticiones de protección y los Estados miembro «no pueden demorarla injustificadamente».
De acuerdo a las normas comunes, los países de la UE deben garantizar que los demandantes de asilo estén en condiciones de presentar la solicitud incluso en las fronteras, «tan pronto como manifiesten esa voluntad». Sin embargo, el Gobierno húngaro obliga a los demandantes de asilo a presentar su solicitud de protección internacional en la zona de tránsito de la frontera serbo-húngara, al tiempo que limita fuertemente el número de personas que pueden acceder a dicha zona. Esta situación complica el acceso de estas personas a un procedimiento al que tienen derecho.
En la práctica, estas personas afrontan plazos de espera de entre 11 y 18 meses para poder acceder a las zonas de tránsito y poder por tanto formular su solicitud. Esta política húngara ha sido fuertemente criticada por el TJUE y ha llevado a la imposición de multas significativas al país por su incumplimiento de las obligaciones del Derecho europeo.
