El miércoles pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Daniel Jadue, ratificando la medida cautelar de prisión preventiva contra el jefe comunal de Recoleta. Esta decisión fue tomada de manera unánime por los miembros del tribunal, quienes consideraron que la prisión es la única medida proporcional al procedimiento.
En su resolución, la Corte enfatizó que el reproche hacia la conducta de Jadue es aún mayor cuando se toma en cuenta su actual posición como máxima autoridad de Recoleta. Según el tribunal, su poder de decisión tanto en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) como en la entidad edilicia, acrecienta la responsabilidad y necesidad de su encarcelamiento.
Esta resolución confirma la decisión en primera instancia de la jueza Paulina Moya, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, quien el pasado lunes envió a Jadue al anexo Capitán Yáber por los delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, relacionados con su gestión al mando de Achifarp.
Con la resolución de este miércoles, ya son cuatro los jueces que ratifican que la prisión preventiva es la medida más adecuada para Jadue mientras se desarrolla la investigación. Este hecho fue resaltado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) una vez concluida la audiencia de revisión de cautelares.
Daniel Martorell, presidente del comité penal del CDE, destacó la contundencia de la resolución: «Considero que es una resolución sumamente contundente, bien fundada, donde la Corte se tomó el tiempo respectivo de escuchar todas las alegaciones de los intervinientes y concluyó de la manera que lo hace, con un fallo categórico y bien fundado».
Daniel Jadue, quien también es miembro del Partido Comunista de Chile, ha sido objeto de diversas acusaciones de corrupción durante su gestión. A pesar de esto, Jadue ha mantenido su inocencia, argumentando que las acusaciones en su contra son parte de una campaña política destinada a dañar su imagen.
Las alegaciones en contra de Jadue se centran en su papel como líder de Achifarp, una organización de municipalidades que busca ofrecer medicamentos asequibles a las comunidades locales. Según los fiscales, Jadue abusó de su posición para obtener beneficios personales y cometer delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de mantener la prisión preventiva de Jadue es un golpe duro para su defensa, que ha estado luchando por su liberación desde que fue detenido. Sin embargo, este fallo no es definitivo y su caso sigue abierto, lo que significa que Jadue y su equipo legal aún tienen la oportunidad de apelar y luchar por su inocencia en los tribunales.
La corrupción en la política chilena ha sido un tema de gran importancia y debate en los últimos años, y el caso de Jadue es solo uno de los muchos que han capturado la atención del público. A medida que la investigación continúa, los chilenos y la comunidad internacional seguirán de cerca el desarrollo de este caso que podría tener serias implicancias para el futuro de la política en el país.