La Comisión Europea ha dado a conocer su decisión de imponer un nuevo arancel a los coches eléctricos fabricados en China que oscilará entre el 21% y el 38,1%, a partir del 4 de julio. Esta medida puede ser vista como un intento de frenar el avance de los coches chinos en Europa, una región que tiene la soberanía para decidir qué impuestos se aplican a los bienes y servicios que se suministran y se prestan en su territorio.
Esta decisión de la Unión Europea viene con una serie de consideraciones y potenciales repercusiones. En primer lugar, este tipo de movimientos suelen ser respondidos en reciprocidad. Esto significa que una respuesta china puede comprometer los intereses de la industria europea en China, y también afectar a sectores económicos españoles sensibles a cualquier alteración en las relaciones sinoeuropeas, como la agricultura, la ganadería, y la aviación.
A pesar de las creencias de algunos, este arancel no va a mejorar la competitividad internacional de la industria automotriz europea, ni va a propiciar un avance tecnológico para hacer frente a China. No debemos olvidar que China ha tomado la delantera en la producción de coches eléctricos a precios competitivos, y en las tecnologías requeridas para la producción de estos vehículos. Además, China está acaparando suministros y materias primas, de las que también dependen los eléctricos fabricados en Europa.
Las implicaciones de este arancel también se extienden a la industria automotriz europea. La realidad es que la industria del automóvil europea difícilmente va a poder ocupar el espacio que está acaparando el coche chino, en lo que respecta a coches de combustión de precio razonable, y sobre todo a coches eléctricos avanzados tecnológicamente y a precios inferiores a los de sus alternativas occidentales.
Es importante recordar que gravar a los coches chinos puede obstaculizar muchos proyectos de coches eléctricos de fabricantes europeos que han optado por producir sus coches en China. Marcas como Dacia, Volvo, Smart, MINI, BMW, o CUPRA podrían verse comprometidas por esta medida.
Esta decisión ha generado una serie de reacciones, algunas de las cuales provienen de figuras importantes en la industria automotriz y la política. Entre las voces que se han pronunciado en contra de esta medida se encuentran los líderes del Grupo Volkswagen y Stellantis, hasta el propio canciller alemán Olaf Scholz.
Es crucial entender que los que ahora abogan por esta solución «sencilla» son los mismos que nos han llevado a esta situación. A pesar de las posibles consecuencias negativas de esta medida, es seguro que habrá un perjudicado en todos los casos, y ese no será otro que el cliente, el conductor.
Finalmente, aunque esta medida puede parecer una solución sencilla a un problema complejo, es crítico entender que sus repercusiones pueden ser significativas y potencialmente perjudiciales para la industria automotriz europea, los fabricantes de coches eléctricos y, en última instancia, los consumidores. Se necesita un análisis cuidadoso de sus posibles impactos antes de seguir adelante con políticas de este tipo.
