El informe publicado este miércoles por la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel, de la ONU, concluye que las autoridades israelíes y los grupos armados palestinos son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por actos cometidos durante los ataques y operaciones militares en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
La Comisión, creada en abril de 2021 a instancias del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, esclarece las posibles violaciones del derecho internacional en este conflicto. La investigación de Naciones Unidas se basa en entrevistas con víctimas y testigos realizadas de forma remota, así como datos de las visitas de miembros de su equipo a Turquía y Egipto, imágenes satelitales e informes médicos forenses, entre otras fuentes.
Los autores del informe denuncian que Israel obstruyó las investigaciones de la Comisión e impidió su acceso a Israel y al territorio palestino ocupado. Sin embargo, las autoridades palestinas proporcionaron “extensos comentarios” a un único requerimiento.
Según la información recabada, desde el ataque del 7 de octubre en Israel, en el que las milicias de Hamás asesinaron a 1.200 israelíes y secuestraron a más de 200, hasta la respuesta israelí sobre Gaza y Cisjordania hasta el 31 de diciembre, se han documentado numerosas violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional de ambas partes.
En el caso de Israel, la Comisión sostiene que cometió crímenes de guerra al usar el hambre como arma, atacar intencionadamente a civiles y sus bienes, realizar traslados forzosos y cometer agresiones sexuales, torturas y tratos inhumanos, entre otros. En la franja de Gaza, el nivel de destrucción y el número de muertos, más de 37.000 desde el 7 de octubre, son prueba de que la respuesta israelí “no ha tenido en cuenta los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones adecuadas” recogidos en el derecho internacional.
La Comisión denuncia que el Gobierno de Israel y sus fuerzas de defensa permitieron, fomentaron e instigaron una campaña de violencia de los colonos contra las comunidades palestinas en Cisjordania. Asimismo, critica que las autoridades israelíes presentaron sistemáticamente que sus operaciones militares tenían por objetivo destruir a Hamás, liberar a los rehenes israelíes y prevenir futuras amenazas al Estado de Israel provenientes de la franja de Gaza, pero sus acciones y las consecuencias de las mismas indican otras motivaciones, incluidas la venganza y el castigo colectivo.
Por otro lado, en relación con el ataque del 7 de octubre en Israel, los investigadores de la ONU aseguran que “el ala militar de Hamás y otros seis grupos armados palestinos son responsables de crímenes de guerra” al haber dirigido intencionadamente ataques contra civiles, incluyendo el asesinato, tortura, violencia sexual, actos inhumanos y la toma de rehenes, incluidos 36 niños.
Navi Pillay, presidenta de la Comisión de Investigación, afirma en un comunicado que “es imperativo que todos aquellos que han cometido delitos rindan cuentas”, y pide que Israel detenga inmediatamente sus operaciones militares y ataques en Gaza, y que Hamás y los grupos armados palestinos cesen inmediatamente los ataques con cohetes y liberen a todos los rehenes.
Meirav Eilon Shahar, la representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra, critica que la Comisión de Investigación liderada por Pillay haya publicado este informe “sesgado” para “atacar a Israel” justo el día en que los judíos celebran el Shavuot, lo que prueba, según ella, “la discriminación sistemática anti israelí de esta Comisión de Investigación.
En el apartado final de recomendaciones del informe de la ONU, la Comisión insta al Gobierno de Israel “a poner fin de inmediato” a los ataques y el asedio de Gaza, y al “Gobierno del Estado de Palestina y a las autoridades de facto en Gaza” les pide la “liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en el enclave”.
Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria (IECAH), lamenta que es probable que la Comisión “no logre que ninguno de los actores señalados cambie su actitud violenta”. Sin embargo, Francisco Rey, también codirector de la misma organización, es más optimista sobre el recorrido jurídico del texto: “Al centrarse en crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos tanto por el Estado de Israel como por Hamás, puede ser un insumo en el procedimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), no tanto en el de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.
