El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile presentó una querella «contra quienes resulten responsables» de un posible tráfico de influencias relacionado con la justicia del país. El caso se deriva de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre chats entre el ex juez Juan Antonio Poblete y varias autoridades, incluidos jueces supremos y ministros de Estado.
El INDH ha pedido que Poblete, la actual juez suprema María Teresa Letelier y el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, presten declaración. La directora del INDH, Consuelo Contreras, justificó la presentación de la querella alegando que la entidad había tomado medidas en un caso relacionado en diciembre, conocido como el caso «Topógrafo», y que el informe de la PDI podría indicar posibles hechos de corrupción en la elección de ministros de la Corte Suprema.
Contreras subrayó que el Consejo del Instituto consideró de suma gravedad la falta de independencia de los tribunales y, en consecuencia, presentó la querella. Sin embargo, la querella, presentada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, no recibió un respaldo unánime. Hubo abstenciones, incluidas las de los consejeros Beatriz Corbo e Ignacio Covarrubias.
Corbo explicó que se abstuvo debido a la urgencia con la que se presentó la querella, sin proporcionar un contexto adecuado. Aseguró que se presionó a los consejeros para que se pronunciaran debido a los plazos judiciales inminentes. Corbo votó el lunes, pero la dirección del INDH solicitó un cambio de tabla y presentó los antecedentes del caso. Sin embargo, Corbo señaló que ya había votado y que no podía modificar su voto.
Los consejeros son elegidos por mayoría absoluta para ocupar el cargo de director o directora del INDH. El director o directora asume con dedicación exclusiva el cargo y se encarga de la dirección ejecutiva, gestión, administración y representación legal de la institución. Recientemente, siete consejeros que apoyaron la querella por tráfico de influencias en la Corte Suprema han enfrentado una solicitud de remoción por parte de representantes de Chile Vamos.
Los afectados son Consuelo Contreras, Constanza Valdés, Paula Salvo del Canto, Haydée Oberreuter, Juan Carlos Cayo, Lieta Vivaldi y Francisco Ugás, quienes se acusan de comprometer la neutralidad del INDH con su decisión. Entre los miembros del Consejo de INDH se encuentran la directora Consuelo Contreras Largo, Juan Carlos Cayo Rivera, Beatriz Corbo Atria, Ignacio Covarrubias Cuevas, Sebastián Donoso Rodríguez, Haydee Oberreuter Umazabal, Cristian Pertuzé Fariña, Paula Salvo del Canto, Francisco Ugás Tapia, Constanza Valdés Contreras y Lieta Vivaldi Macho.
Los consejeros están designados por diferentes entidades, como organizaciones de la sociedad civil vinculadas a DD.HH., el Presidente de la República, el Senado, las Facultades de Derecho de universidades del Consejo de Rectores y la Cámara de Diputados. Las designaciones se realizan en diferentes años y los miembros del consejo proceden de diversas instituciones universitarias y poseen diversas profesiones, incluyendo abogados, trabajadores sociales, profesores de educación general básica e ingenieros comerciales.
Este caso pone de manifiesto las tensiones y los desafíos que enfrenta el sistema judicial chileno y las instituciones que lo supervisan, como el INDH. La controversia en torno a la querella y la posible remoción de los consejeros subraya la importancia de la independencia judicial y los posibles riesgos de corrupción e influencia indebida en la elección de los ministros de la Corte Suprema.
