Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, comenzó su mandato con una promesa de cambio en la política de inmigración del país. En sus primeras horas en la Casa Blanca, envió al Congreso una ley que pretendía “devolver la humanidad y los valores estadounidenses” al sistema de inmigración. Sin embargo, esta ley se quedó en el camino, bloqueada por la oposición republicana en el Capitolio. Desde entonces, Biden ha adoptado una restrictiva política de asilo que ha sido criticada como la más dura impulsada por un demócrata en el poder.
La ley que Biden presentó al principio de su mandato tenía como objetivo otorgar automáticamente permisos de residencia (green cards) a los llamados dreamers, personas protegidas por el TPS y trabajadores agrícolas indocumentados que estuvieran en Estados Unidos antes de 2021. Sin embargo, esta iniciativa encontró una fuerte resistencia en el Congreso y no logró avanzar.
Durante los primeros meses de su mandato, Biden intentó distanciarse de la política de inmigración de su predecesor, Donald Trump. Prometió una serie de reformas y medidas para modernizar el sistema de inmigración, incluyendo la elevación del límite de refugiados que podían ingresar a Estados Unidos, que Trump había mantenido en mínimos. También reactivó el otorgamiento de permisos de residencia, que el expresidente congeló en 2020 con la excusa de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, la realidad ha empujado a Biden a adoptar una postura más dura en materia de inmigración. Durante su primer año en el poder, las autoridades migratorias documentaron alrededor de 1,9 millones de detenciones, un número significativamente mayor que las 646.000 registradas en el año fiscal 2020. Esta cifra continuó aumentando, alcanzando los 2,5 millones el año pasado.
En respuesta a este aumento en las detenciones, Biden mantuvo en pie el Título 42, una medida que Trump puso en vigor durante la pandemia para cerrar la frontera y evitar la propagación del coronavirus. A pesar de las críticas y de que los científicos descartaron la eficacia de la medida, el Título 42 sirvió para deportar rápidamente a inmigrantes ilegales y avanzar las posiciones más radicales del trumpismo en la materia de control de la frontera.
El Título 42 ayudó a deportar a 2,8 millones de personas, en su mayoría a México. A pesar de los esfuerzos de Biden por levantarla, los gobernadores republicanos demandaron al Ejecutivo para que mantuviera la medida en su lugar. Finalmente, el Título 42 expiró hace un año, el 11 de mayo de 2023, tras estar en pie durante 38 meses.
No obstante, la Administración demócrata ha admitido a un gran número de personas bajo el estatus de protección humanitaria, conocido como parole. Este estatus ha beneficiado a decenas de miles de personas que huyen de conflictos armados, como los de Afganistán y Ucrania, y de países en crisis, como Haití y Venezuela. Según la cadena CBS, este Gobierno ha admitido a un millón de personas bajo esta figura.
En una medida que ha sido criticada como electoralista, Biden anunció hace una semana una orden ejecutiva que permite cerrar la frontera cuando el número de detenciones superen las 2.500 diarias a lo largo de una semana. Además, este nuevo decreto reduce de 24 a 4 las horas que un detenido tiene para consultar a un abogado que le ayude a preparar su primera entrevista con las autoridades inmigratorias.
En respuesta a esta medida, la Coalición para Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) ha convocado a una manifestación este sábado. Este grupo busca que Biden cumpla su promesa y proteja a los inmigrantes indocumentados con DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), un programa que corre el riesgo de ser suspendido tras 12 años de vigencia. Si esto sucede, sería una mala noticia que se sumaría a la cuenta de Joe Biden en plena campaña por la reelección.
