Venezuela está enfrentando una situación de crisis sin precedentes en su sistema penitenciario, lo que ha llevado a la destitución de la vicealmirante Celsa Bautista, la ministra de Servicios Penitenciarios. En su lugar, el presidente Nicolás Maduro ha designado a Julio García Zerpa para supervisar el sistema carcelario, con el objetivo de adaptarlo a los «nuevos tiempos» y garantizar su seguridad, estabilidad y respeto a los derechos humanos.
Esta decisión se produce dos días después de que los presos de 50 centros de detención comenzaran una huelga de hambre en protesta contra las condiciones en las que se encuentran. Se han unido a la protesta al menos 19 cárceles, cuatro anexos femeninos y más de 30 calabozos policiales. Los reclusos exigen mejoras en varios aspectos, incluyendo el retardo en los procedimientos judiciales que impide la liberación de aquellos que ya han cumplido su condena, así como el hacinamiento, la violencia, la falta de servicios básicos y la corrupción generalizada entre los funcionarios.
La situación es especialmente grave en la cárcel femenina del Inof, cerca de Caracas, donde se registra un hacinamiento del 186%, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Las reclusas de este centro han declarado que no cederán en sus protestas hasta recibir respuestas a sus demandas.
Esta crisis carcelaria surge en un momento particularmente crítico para Maduro, quien lidera una campaña electoral desafiante. Lo que comenzó como una protesta más en una Venezuela devastada por el fracaso de la revolución, se ha extendido rápidamente entre los presos venezolanos, incluyendo a presos políticos.
Las condiciones infrahumanas en las que viven los presos son una de las principales quejas. Exigen que se respeten las leyes y se concedan las reducciones de pena por trabajo y estudios. Según el OVP, la crisis generalizada que sufre el país petrolero afecta directamente a los casos judiciales, ya que la falta de transporte y gasolina impide los traslados a los juicios. Además, una vez en los tribunales, a menudo los jueces y fiscales no comparecen o los apagones y la falta de recursos y servicios impiden las vistas.
Un ejemplo de esta situación es el testimonio de un preso de la cárcel de Guárico que, habiendo sido condenado a 10 años, ha cumplido 10 años y 9 meses de su condena y sigue encarcelado. Otro recluso, condenado a 7 años, lleva 7 años y 5 meses sin contar las reducciones, según testimonios recogidos por la ONG Ventana a la Libertad.
Estos son solo dos ejemplos de una situación que se repite en todo el sistema penitenciario venezolano, donde los presos exigen que se hagan valer sus derechos y se respeten las leyes. La huelga de hambre, que ha alcanzado a casi medio centenar de centros de reclusión, es un grito desesperado de ayuda y una protesta contra las condiciones inhumanas en las que se encuentran.
En respuesta a esta crisis, la destitución de la vicealmirante Celsa Bautista y el nombramiento de Julio García Zerpa como nuevo ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario son las primeras decisiones de un gobierno que se encuentra en medio de una campaña electoral desafiante. El presidente Maduro ha agradecido a Bautista por su labor al frente del Ministerio y ha expresado su confianza en que García Zerpa será capaz de impulsar un sistema penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y respetuoso con los derechos humanos.
El tiempo dirá si estas medidas son suficientes para resolver la crisis que afecta a las prisiones venezolanas y para atender a las demandas de los presos que, en condiciones infrahumanas, piden que se hagan valer sus derechos y se respeten las leyes.
