En un movimiento sin precedentes, la Asamblea Legislativa boliviana ha aprobado una ley que suspende a los magistrados de todas las altas cortes judiciales del país. En una sesión en la que participaron 106 de los 130 parlamentarios, la ley fue aprobada a pesar de las objeciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que la consideró ilegal. La sesión, que fue convocada no por el presidente del Parlamento, sino por el líder opositor del Senado, Andrónico Rodríguez, ha llevado a un punto crítico el conflicto de poderes en el país, paralizando la aprobación de leyes desde febrero y deteniendo la realización de las elecciones judiciales programadas para 2023.
El gobierno de Luis Arce, alineado con el Poder Judicial, intentó detener la sesión del 6 de junio. Los 24 parlamentarios afiliados al Gobierno no asistieron a la sesión, y los oficialistas llegaron al extremo de cortar la luz, ordenar la fumigación del hemiciclo parlamentario en el día de la reunión, deshabilitar los pases electrónicos de los parlamentarios opositores y amenazar a Rodríguez con detenerlo.
David Choquehuanca, el vicepresidente y presidente nato del Parlamento, estaba ausente en el momento de la sesión, ocupando el lugar de Arce en la presidencia del país mientras este último estaba en una visita oficial en Rusia. Rodríguez fundamentó su derecho a convocar la sesión en ausencia de Choquehuanca, citando el reglamento de debates parlamentarios. No obstante, el TCP falló que la convocatoria de Rodríguez era una «usurpación de funciones».
Se espera que Arce no promulgue la ley de suspensión de los magistrados y otras dos normas aprobadas durante esta sesión, a pesar de que son de interés para su Gobierno. Esto podría llevar a un completo divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo, creando un conflicto institucional generalizado.
El conflicto ha puesto de manifiesto una alianza inusual entre los seguidores del expresidente Evo Morales y los partidos de centro-derecha. Esto ha sido denunciado por el «arcismo» como una «alianza espuria». Para la oposición tradicional, esto es simplemente una táctica. Un partido de la corriente tradicional incluso felicitó «la rebelión de la mayoría parlamentaria contra la dictadura judicial instrumentada por el Gobierno de Luis Arce».
Andrónico Rodríguez había presionado sin éxito a Choquehuanca para reunir el pleno de la Asamblea, con el objetivo de debatir la suspensión de los magistrados de los altos tribunales del país. Estos magistrados deberían haber sido sustituidos a finales del año pasado, pero permanecieron en sus puestos por orden del TCP, lo que ha llevado a la oposición a llamarlos «auto-prorrogados».
El TCP resolvió la situación de suspensión de las elecciones judiciales previstas para 2023, que no pudieron llevarse a cabo debido a la falta de una clara mayoría parlamentaria y a las acciones del propio TCP, que declaró inconstitucionales dos intentos de la Asamblea Legislativa de convocarlas.
La ley que aprueba la suspensión de los magistrados también ilegaliza todos los actos que estos realizaron desde el 1 de enero hasta ahora. Según una fuente anónima de la oficina de Choquehuanca, «la anulación de las decenas de sentencias que ya se han aprobado durante la prórroga de los magistrados traería el caos».
El presidente Arce ha pedido a las Fuerzas Armadas que lo defiendan de lo que él llama un «golpe blando» por parte de los opositores «de la vieja y nueva derecha» contra su Gobierno. Por otro lado, los defensores de la ley, como el constitucionalista Israel Quino, consideran que, a pesar del costo de anular los actos jurídicos de los magistrados, vale la pena «porque así el país vuelve al Estado de Derecho, que estaba conculcado».
Bolivia es el único país latinoamericano que elige a sus altas cortes judiciales a través del voto popular. Sin embargo, este proceso se ha visto obstaculizado por una serie de demandas judiciales que han impedido el transcurso del proceso de selección de candidatos y la convocatoria de elecciones. A menos que se encuentre una forma de convocar a las elecciones judiciales, es poco probable que se revea a tiempo una sentencia del TCP que inhabilitó a Evo Morales para participar en las elecciones de 2025. Esto ha llevado a algunos a sugerir que la lucha del expresidente para volver al poder está detrás de la reciente ley de suspensión de los magistrados.
