El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva por su papel en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) y una serie de acusaciones de corrupción, ha presentado una apelación a través de su defensa para disminuir la gravedad de su medida cautelar. Esta acción fue promovida por su abogado, Ramón Sepúlveda, a pocos días del dictamen de la jueza Paulina Moya.
El recurso de apelación presentado se manifiesta en contra de la resolución de la jueza Moya, argumentando que la decisión de privación de libertad para Jadue no cumple con los requisitos establecidos por la ley y es considerada por su defensa como injustificada y desproporcionada. La apelación sostiene que Jadue no representa un peligro para la sociedad y que su detención preventiva es perjudicial para su persona.
La apelación también subraya la ausencia de necesidad de cautela para justificar la medida preventiva. Se propone en este sentido, que se le aplique a Jadue medidas alternativas que aseguren los fines del procedimiento, como la firma mensual y arraigo nacional, o bien un arresto domiciliario parcial o total.
Los argumentos presentados por la defensa de Jadue no solo abordan cuestiones jurídicas, sino también aspectos personales del alcalde y de su círculo cercano. La defensa argumenta que Jadue, siendo un reconocido sociólogo y arquitecto, ha ejercido el cargo de alcalde de Recoleta durante doce años y nunca ha cometido ningún otro acto ilícito.
Además, la defensa de Jadue pone énfasis en su situación familiar. Él es padre de una hija de 24 años, con quien mantiene una estrecha relación, y cuida de su madre de 80 años, que sufre de varias enfermedades graves, entre ellas hipertensión arterial, diabetes, temblor esencial, trastorno de la marcha y uso de marcapaso. La defensa sugiere que el estado de salud de la madre de Jadue podría empeorar debido a la privación de libertad de su hijo.
Esta serie de delitos de corrupción relacionados con la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) han llevado a la detención de Jadue, poniendo en evidencia posibles fallos en el sistema de gestión y supervisión de esta organización. Sin embargo, la defensa de Jadue insiste en que la medida preventiva impuesta es excesiva y desproporcionada.
La apelación de Jadue aporta una nueva perspectiva al caso, poniendo en relieve la necesidad de considerar tanto los aspectos jurídicos como las circunstancias personales en la toma de decisiones judiciales. Además, plantea preguntas sobre las alternativas a la prisión preventiva y el equilibrio entre la necesidad de cautela y el respeto a los derechos individuales.
La defensa de Jadue también sugiere que su detención podría tener consecuencias más amplias, afectando no sólo a él, sino también a su familia y a la comunidad de Recoleta. Esta situación plantea la necesidad de un análisis más profundo de las implicaciones sociales y personales de la detención de figuras públicas.
En este contexto, el papel de la jueza Paulina Moya se vuelve crucial. Su decisión sobre la apelación de Jadue podría tener un impacto significativo en el desenlace del caso, y también podría sentar un precedente para casos futuros de corrupción en el sector público.
En última instancia, el caso de Jadue y su apelación ponen de manifiesto la complejidad y las múltiples facetas de los procesos judiciales. Mientras que la lucha contra la corrupción es un objetivo importante, también es crucial garantizar que se respeten los derechos individuales y se consideren las circunstancias personales. En este sentido, la apelación de Jadue plantea preguntas importantes sobre cómo se puede lograr un equilibrio entre estos dos objetivos.
