Tribunal exige al municipio de Lo Barnechea Servicios revelar sus gastos de manera transparente

Corte ordena a municipio transparentar gastos realizados vía Lo Barnechea Servicios

El reciente fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago ha marcado un hito en el ámbito de la transparencia en la administración pública en Chile. La sentencia ordenó a la Municipalidad de Lo Barnechea divulgar en detalle el gasto de los recursos públicos utilizados por la organización comunitaria Lo Barnechea Servicios. Este caso es particularmente significativo porque se trata de entidades privadas creadas con la figura legal de una junta de vecinos, que por su naturaleza escapan de la supervisión de la Contraloría y de los requerimientos de la Ley de Compras Públicas, y no se someten a los dictámenes del Consejo para la Transparencia.

Este fallo es el resultado de un proceso judicial iniciado en 2022 por la Fundación América Transparente, con el objetivo de que estas organizaciones comunitarias estén sujetas a la Ley de Transparencia y estén obligadas a entregar información sobre cómo y en qué gastan el dinero que la municipalidad les transfiere cada año.

Para Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, este caso es clave no solo por la cantidad de dinero en juego, sino también por el tipo de entidad que ahora estará sujeta a la transparencia si esta sentencia se mantiene. «Es la primera vez que ganamos un juicio sobre una entidad que no es una corporación», afirmó Lyon.

La Municipalidad de Lo Barnechea ha insistido en que valora la importancia de la transparencia para el ejercicio de la labor de gobierno comunal y que desde un principio ha facilitado todos los antecedentes requeridos. Sin embargo, la parcialidad de la información estuvo sujeta a los criterios del Consejo para la Transparencia, así como a fallos de la Corte Suprema en causas anteriores.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que la organización comunitaria funcional Lo Barnechea Servicios se constituye única y exclusivamente para servir como un brazo o extensión de la Municipalidad de Lo Barnechea. Sin los aportes de ese municipio, Lo Barnechea Servicios no habría existido ni operado.

Según Lyon, este fallo abre una puerta en materia de transparencia para conocer el gasto de recursos en otras organizaciones funcionales a la municipalidad, como Lo Barnechea Deporte y Lo Barnechea Seguridad.

Las distintas organizaciones comunitarias funcionales que Lo Barnechea ha creado para externalizar sus departamentos municipales han recibido en conjunto más de 50 mil millones de pesos. A pesar de haber sido constituidas como entidades privadas, se han convertido en la práctica en una administración paralela a la municipalidad, que ejecuta presupuestos en servicios comunales sin registro público de los funcionarios contratados y sus sueldos.

La sentencia indica que Lo Barnechea Servicios es una organización instrumental de la Municipalidad de Lo Barnechea, un apéndice en el ámbito de las organizaciones comunitarias, que nace para prestar servicios a la comunidad en lugar de ese municipio o como complemento a los servicios que este provee, siempre con los fondos públicos que suministra la Municipalidad de Lo Barnechea.

Finalmente, Lyon recordó que Lo Barnechea Servicios fue presidida desde un comienzo por Sebastián Torrealba, cuando era jefe de gabinete de Felipe Guevara. «Posando falsamente como vecinos, crearon estas entidades, y después se les transfería una cantidad importante de millones todos los años. A veces 2 mil, 3 mil, 4 mil millones todos los años, para operar como si fuera un departamento municipal», afirmó.

América Transparente declara que una vez que la sentencia quede firme, comenzarán a pedir mayor cantidad de información, con el fin de presionar también para que los portales de Transparencia cumplan a cabalidad con la ley.

En respuesta, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, afirmó que el municipio siempre ha estado dispuesto a proporcionar la información requerida, y que la entrega parcial de la información fue siguiendo los criterios tanto del Consejo para la Transparencia como de la Corte Suprema.

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