El reciente anuncio de la propuesta del Presidente Boric a favor del aborto libre durante su Cuenta Pública, ha suscitado una serie de reacciones en la política chilena. Fernando García, abogado y columnista, ofrece su análisis sobre la reacción de los parlamentarios de la extrema derecha ante el anuncio.
El 1° de junio, el Presidente Boric presentó su Cuenta Pública, en la cual señaló que propondría un proyecto de ley para ampliar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, estableciendo el aborto libre.
La mera mención del tema provocó una airada reacción de algunos diputados de la extrema derecha. Estos parlamentarios, en lugar de estar dispuestos a discutir democráticamente el tema, optaron por abandonar el salón. En las horas siguientes, se dieron diversas justificaciones a esta actitud, que iban desde alegar falta de votos para aprobar la ley hasta minimizar la relevancia del tema, desestimando la necesidad de legislar para las minorías.
García argumenta que esta actitud desestima la importancia de la decisión que muchas mujeres deben tomar cada año, sobre si someterse a un aborto clandestino o no. Esta decisión implica consideraciones sobre la vida, la sexualidad, la calidad de vida, el derecho a la autodeterminación de sus cuerpos y, en definitiva, su propia dignidad.
El aborto consentido ha sido un tema de debate en numerosos foros, en el Parlamento, en el mundo del feminismo y en las manifestaciones callejeras, especialmente desde el estallido social. Sin embargo, la derecha ha mostrado una resistencia persistente a discutir el tema.
García critica la hipocresía de esta postura, destacando que, si realmente se está en contra del aborto, se debería estar dispuesto a movilizar acciones y recursos para prevenir su ocurrencia. La disminución de los embarazos no deseados es uno de los factores más efectivos para reducir el número de abortos, y se logra mediante la educación sexual, la planificación familiar, el acceso a servicios anticonceptivos y el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones sexuales y reproductivas.
García menciona a Países Bajos (Holanda) como un ejemplo de éxito en la reducción del número de abortos a través de la educación sexual, a pesar de tener una de las leyes más liberales sobre el aborto en la Unión Europea.
Sin embargo, en Chile, un plan similar se ha visto obstaculizado principalmente por la resistencia de los mismos parlamentarios que se oponen a la discusión sobre el aborto.
Además, García critica la falta de coherencia en la aplicación de la ley penal contra el aborto en Chile. A pesar de la cantidad de abortos ilegales que se estima que se realizan cada año en el país, las cifras de mujeres acusadas por este delito son insignificantes. García argumenta que esto demuestra la falta de interés real en sancionar a quienes cometen el delito de aborto, y que la penalización del aborto en Chile es en gran medida simbólica.
García concluye que la realidad del aborto en Chile es injusta, clasista y antidemocrática, y que se mantiene gracias a la hipocresía de la derecha política del país.
