El reciente anuncio de la renuncia de dos jueces británicos en el Tribunal Supremo de Hong Kong, ha suscitado una serie de cuestionamientos acerca de la capacidad de los tribunales para mantener su independencia en un ambiente político cada vez más restrictivo. Jonathan Sumption y Lawrence Collins, ambos ex jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido, dimitieron de sus cargos, dejando en el aire preguntas sobre la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos de Hong Kong.
La dimisión fue presentada al líder del territorio de la ex colonia británica, John Lee, según un comunicado del gobierno de la ciudad. Collins, quien comenzó a ejercer como juez no permanente en el tribunal más alto de la ciudad en 2011, citó razones políticas para su dimisión, pero afirmó que «sigue confiando plenamente en el tribunal y en la total independencia de sus miembros».
El miembro del Consejo Ejecutivo, Ronny Tong, un abogado de profesión, calificó las renuncias como «muy desafortunadas», sosteniendo que los jueces habían sucumbido a una «inmensa presión del Reino Unido». Según Tong, todos en Hong Kong, especialmente los inversores y empresarios extranjeros, reconocen que la ciudad se rige por el principio de «un país, dos sistemas» y que continuará esforzándose por vivir conforme al Estado de Derecho.
Las renuncias surgen en un contexto de creciente preocupación internacional por el deterioro de las libertades en Hong Kong tras la implementación de la controvertida Ley de Seguridad Nacional impuesta por China en 2020. Esta ley ha sido ampliamente criticada por organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, ya que se percibe como un intento de silenciar las voces disidentes y de restringir las libertades políticas y civiles.
El presidente del tribunal, Andrew Cheung, lamentó las renuncias y afirmó que «el poder judicial sigue comprometido con la defensa del Estado de Derecho y la independencia, y que se seguirán nombrando candidatos extranjeros».
Hong Kong, una jurisdicción de Derecho consuetudinario, ha mantenido la práctica de nombrar a destacados jueces extranjeros para su máximo tribunal, una característica que evidencia su independencia judicial.
La ciudad volvió al dominio chino en 1997 bajo la promesa de Pekín de que conservaría su autonomía, libertades y un poder judicial independiente. Sin embargo, esta confianza se ha visto erosionada en los últimos tiempos.
Dos miembros no permanentes de ultramar, el veterano juez australiano James Spigelman y la ex alta magistrada británica baronesa Brenda Hale, dimitieron tras la promulgación de la ley de seguridad nacional de 2020. Además, en 2022, los magistrados Robert Reed y Patrick Hodge también renunciaron, alegando que ya no podían seguir formando parte de un sistema judicial que parecía respaldar una administración que se había alejado de los principios de libertad política y de expresión.
Reed señaló que el gobierno británico estaba en lo cierto al considerar que los jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido «no pueden seguir sentados en Hong Kong sin que parezca que aprueban una gestión que se ha apartado de esos valores democráticos fundamentales».
En la actualidad, el Tribunal Supremo de Hong Kong cuenta con ocho jueces extranjeros no permanentes, tres de ellos británicos, cuatro australianos y uno canadiense. Cuando el Supremo se reúne para celebrar vistas y resolver recursos, lo hace con un total de cinco jueces: el presidente, tres jueces permanentes y uno no permanente, ya sea de Hong Kong o de otra jurisdicción.
Estas renuncias y las circunstancias que las rodean subrayan la creciente tensión en Hong Kong y ponen de relieve las preocupaciones sobre el estado de la independencia judicial y las libertades civiles en la ciudad.
