La diputada Carmen Hertz ha expresado públicamente sus preocupaciones sobre la manera en que las instituciones judiciales están funcionando en Chile, citando varios casos que, a su juicio, demuestran una falta de equidad y justicia en su ejecución. La legisladora se refiere a la prisión preventiva del alcalde Daniel Jadue, la sustitución de prisión preventiva por arresto domiciliario para los criminales del Tren de Aragua, el aplazamiento de la formalización del jefe de Carabineros, el Caso Hermosilla, las decisiones en el caso del exgeneral Fuente-Alba, y las nuevas revelaciones de operaciones políticas a favor de jueces y juezas.
La diputada Hertz, que también es abogada de derechos humanos, sostiene que la medida impuesta al alcalde Jadue es “absoluta y totalmente desproporcionada”, y argumenta que se han afectado los derechos fundamentales de Daniel Jadue. Según Hertz, las muestras de solidaridad con el alcalde no representan una amenaza para la democracia ni para el Poder Judicial.
La diputada destaca la falsedad de las afirmaciones que sugieren que las manifestaciones de apoyo a Jadue están afectando la autonomía del Poder Judicial y el funcionamiento de la democracia. Señala que los ciudadanos, los militantes del Partido Comunista y todas las personas que decidan apoyar al alcalde tienen todo el derecho a estar en la plaza que está cerca del lugar donde Jadue está detenido, y rechaza la idea de que estas manifestaciones ejerzan presión sobre el Poder Judicial.
Hertz argumenta que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Jadue es desproporcionada y, por lo tanto, arbitraria. Critica la idea de que Jadue pueda ser considerado un peligro para la sociedad o que exista riesgo de fuga. La diputada también denuncia lo que considera un anticomunismo rampante y discursos de odio contra el Partido Comunista, sugiriendo que estos están permeando la sociedad y alimentando una persecución política contra los comunistas.
La diputada también critica la violación a los derechos humanos en el caso de Jadue, argumentando que se ha vulnerado la presunción de inocencia. Hertz cuestiona el doble estándar en el sistema judicial, comparando la prisión preventiva de Jadue con la situación de la exalcaldesa Cathy Barriga, quien está en arresto domiciliario.
Hertz también aborda el tema del “lawfare”, una forma de guerra jurídica que se ha utilizado internacionalmente para judicializar a líderes de izquierda y progresistas de América Latina. Mientras que Hertz dice que como parlamentaria no puede hacer esa calificación, reconoce que líderes como Dilma Rousseff, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Rafael Correa han enfrentado este tipo de persecución.
La diputada rechaza las afirmaciones de los medios de comunicación que sugieren que la situación de Jadue está creando tensiones internas en el Partido Comunista. Critica a los medios por lo que considera una campaña de anticomunismo y asedio contra Jadue, describiéndolo como una falsedad y una mentira. Hertz insiste en la lealtad del Partido Comunista hacia sus miembros y en la convicción de la inocencia de Jadue.
Finalmente, Hertz expresa su preocupación por el contexto político en el que se desarrollan estos eventos, criticando a la derecha y a los medios de comunicación por su narrativa y su relato, que considera extremadamente peligrosos. La diputada denuncia el doble estándar en la ejecución de la justicia en Chile y sostiene que las instituciones están funcionando solo a medias, lo cual, a su juicio, es peligroso para los valores democráticos y para la democracia.
