La reciente muerte de un soldado de 21 años apuñalado por un migrante que intentaba entrar a Polonia desde Bielorrusia ha sido un detonante en el cierre de una tensa campaña electoral para el Parlamento Europeo. Este incidente ha irrumpido de lleno en el discurso de seguridad y amenazas directas para el país provenientes del este, temas que han dominado la retórica del partido que lidera la coalición de Gobierno, la Plataforma Cívica del primer ministro de centroderecha, Donald Tusk.
El fallecimiento de este soldado es un golpe para la imagen de garante de la seguridad que el Ejecutivo intentaba construir. A raíz de este suceso, el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) ha exigido la dimisión del Gobierno.
El asesinato del soldado ha coincidido con información revelada por el medio digital Onet, que afirmó que dos militares fueron detenidos hace dos meses por usar armas de fuego contra un grupo de migrantes. En un clima de competencia por quién es más duro y mejor equipado para proteger al país y a sus fuerzas de seguridad, PiS acusa al Gobierno de poner en peligro la integridad de las fuerzas desplegadas en la frontera.
En respuesta, Tusk ha ordenado acciones inmediatas a los ministros de Justicia y de Defensa. Esto incluye la destitución del fiscal militar, encargado de los casos que afectan al ejército, y una reforma exprés de las normas que permitan a las fuerzas de seguridad emplear sus armas de fuego.
En los últimos meses, el Gobierno de Tusk ha endurecido su postura sobre la migración, cuestionando la Convención de Ginebra sobre el derecho al asilo y vinculándola con un problema de seguridad. Desde 2021, el régimen de Aleksandr Lukashenko, aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, ha fomentado y organizado la travesía de migrantes de África y Oriente Próximo, principalmente, hasta el confín de la UE para que entren de forma irregular, sobre todo a través de la frontera con Polonia.
La gestión de la migración en esa frontera ha sido controvertida desde el principio por el incumplimiento sistemático del derecho internacional y el empleo habitual de prácticas ilegales como las devoluciones en caliente.
Durante la campaña, Tusk ha anunciado medidas como un plan de 2.350 millones de euros para fortificar los 700 kilómetros de la frontera este, que Polonia comparte con Bielorrusia, el enclave ruso de Kaliningrado y Ucrania. Sin embargo, tras el ataque al soldado Mateusz Sitka y ante el aumento de los intentos de cruzar la vaya que construyó el Gobierno anterior, el Ejecutivo anunció también que recuperaría la polémica zona de exclusión que introdujo PiS a lo largo de la frontera con Bielorrusia para prohibir el acceso a una franja de 200 metros.
La noticia de que dos soldados fueron detenidos y acusados de uso indebido del arma hace dos meses por disparar a un grupo de personas que intentaban cruzar la frontera ha supuesto otro golpe a la narrativa en torno a la que ha construido Tusk su campaña. Para PiS, la imagen de los defensores de la integridad territorial polaca esposados y llevados a un calabozo es un ataque a la dignidad de las fuerzas de seguridad.
El presidente, Andrzej Duda, que suele actuar a favor de PiS, el partido al que pertenecía antes de asumir el cargo, ha acusado al Gobierno de usar a Tomasz Janeczek, responsable de la Fiscalía militar, como un “chivo expiatorio”.
