La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se encuentra en medio de un proceso judicial que ha provocado una serie de reacciones en el ámbito político. En este contexto, los parlamentarios del Partido Comunista (PC) han presentado un proyecto de ley que busca imponer la prisión preventiva a aquellos imputados que sean acusados de cometer delitos contra la probidad administrativa. Este tipo de delitos abarca la corrupción, el cohecho y otros similares.
En respuesta a esta movida legislativa, los representantes de Renovación Nacional (RN) han anunciado que solicitarán al Gobierno que le dé prioridad a esta medida. Esta decisión se produce después de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también del PC, quedó en prisión preventiva e ingresó al penal Capitán Yáber.
El diputado de RN, Miguel Mellado, declaró que pedirán al Gobierno una discusión inmediata del proyecto que modifica el Código Procesal Penal. Su objetivo es establecer la presunción de que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando se le acusa de delitos contra la probidad administrativa.
Mellado enfatizó la importancia de legislar sobre este tema y criticó al PC, acusándolo de intentar evadir su responsabilidad en este asunto. Por su parte, Andrés Longton, presidente de la comisión de Seguridad, criticó al PC por su supuesto doble estándar y su hipocresía evidente.
Longton argumentó que el PC no puede haber cambiado de opinión en tan solo cinco meses. En enero, el partido quería que todos los acusados de corrupción, incluyendo cohechos y malversación de fondos públicos, estuvieran en prisión preventiva simplemente por ser formalmente acusados. Sin embargo, ahora que el alcalde Jadue, miembro de su partido, está siendo acusado, parecen tener una opinión diferente.
Longton indicó que esta actitud refleja el fanatismo del PC y cómo su carácter político nubla su juicio cuando uno de los suyos está implicado en un delito de corrupción. Criticó la hipocresía y el doble estándar del PC, argumentando que el país está cansado de este tipo de comportamiento y espera un mismo estándar, una misma condena y un discurso coherente, independientemente del color político de la persona procesada.
El diputado Diego Schalper también comentó sobre la situación, calificándola de «curiosa». Señaló que es sorprendente que el PC acuse de persecución política al alcalde Jadue, quien ha sido sancionado por delitos funcionarios en el marco de un Estado de Derecho, algo que, en su opinión, no tiene nada que ver con una persecución política.
Schalper argumentó que el PC le debe una explicación al país sobre qué entiende por persecución política. Criticó a la ministra Camila Vallejo por su silencio sobre el tema, a pesar de ser miembro del Comité Político del PC. Según Schalper, esta actitud contrasta con la de la ministra Carolina Tohá, quien ha defendido la autonomía del Poder Judicial.
Finalmente, Schalper instó al Gobierno a mantener una postura unificada, defender la autonomía del Poder Judicial y pedirle al PC que demuestre un comportamiento menos antidemocrático.
