Con el crecimiento de la Unión Europea, han surgido desafíos para el Estado de derecho en varios países miembros, siendo el más importante desde Hungría, que la Eurocámara ha calificado como una «autocracia electoral». Este desafío ha sido rechazado por las fuerzas de ultraderecha, que podrían ganar más terreno en las próximas elecciones. El Tribunal de Cuentas de la UE ha señalado que la situación ha empeorado en la última década. Para combatir estas amenazas, la UE ha desarrollado un arsenal de sanciones que golpean donde más duele: el dinero. Este enfoque busca enfatizar que la Unión «no es un cajero automático», una idea expresada por el primer ministro belga Alexander de Croo.
El mecanismo que activa el artículo 7 de los tratados, que amenaza con perder el derecho al voto en el Consejo de la UE, nunca ha funcionado. Los Estados miembros nunca se han atrevido a activarlo, a pesar de que la Comisión lo propuso en 2017 para Polonia y el Parlamento Europeo en 2018 para Hungría. La falta de acción de las capitales ha generado frustración en Bruselas. No fue el miedo a ser un mero oyente en la UE lo que llevó a Varsovia a ceder; fue un cambio de gobierno comprometido con la independencia de los jueces y el respeto al derecho comunitario.
El desafío a estos valores puede aumentar con la próxima integración de nuevos países. Recientemente, Georgia aprobó una ley de agentes extranjeros de inspiración rusa y está considerando otra que restringe los derechos de la comunidad LGTBI, a pesar de las advertencias de Bruselas de que estas leyes se desvían de los valores de la Unión.
Para superar esta frustración, la UE ha desplegado una serie de herramientas que, según la eurodiputada liberal holandesa Sophie in ‘t Veld, dejan a la Comisión sin excusas para no tomar medidas contra los gobiernos nacionales que violan la ley. Estas herramientas incluyen el mecanismo de condicionalidad, que permite a la Comisión suspender la entrega de fondos cuando tiene pruebas de que el presupuesto de la Unión está en riesgo. Esto ya ha ocurrido con Hungría y también puede ser activado cuando los derechos fundamentales de la UE están en peligro, como ha ocurrido con Polonia y Hungría.
El profesor de Derecho Europeo en la Universidad Complutense, Daniel Sarmiento, no cree que la situación vaya a empeorar. Asegura que el Estado de derecho está protegido y que las normas se aplicarán, sin importar el aumento de las fuerzas de extrema derecha en el Parlamento Europeo o el incremento de los gobiernos ultranacionalistas.
El eurodiputado alemán de Los Verdes, Daniel Freund, tiene una perspectiva diferente. Afirma que partidos como Vox, la Liga y el Reagrupamiento Nacional siempre votan en contra de tomar medidas contra la corrupción en Hungría y el bloqueo de fondos debido a la corrupción.
La eurodiputada In ‘t Veld critica a la Comisión por no ser más contundente con los gobiernos de Italia o Grecia. Según ella, esto se debe directamente a su deseo de seguir siendo amiga de los respectivos primeros ministros, Kyriakos Mitsotakis y Giorgia Meloni.
La Comisión Europea ha implementado varias herramientas desde 2020 para controlar el Estado de derecho. Estas incluyen informes anuales sobre la situación individual en los 27 países. Aunque estos informes no son sancionadores, tienen como objetivo mejorar la situación al revelar las deficiencias de cada Estado. Sin embargo, estas herramientas no han logrado cambios sustanciales hasta ahora.
Eulalia Rubio, investigadora del Instituto Delors, señala que una de las limitaciones del Ejecutivo de la Unión es que es un órgano político y, por lo tanto, está sujeto a presiones. El Tribunal de Cuentas recomienda al Ejecutivo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, seguir evaluando las lagunas potenciales que socavan la eficacia del marco del Estado de derecho y desplegar más medidas de protección al presupuesto europeo.
