Ecuador fue testigo de un espeluznante crimen que sacudió al mundo del espectáculo y la política. La noche del 3 de junio de 2024, el influencer y legislador alternativo por el movimiento Revolución Ciudadana, Cristhian Nieto, y su esposa Nicole Burgos, también influyente en las redes sociales, fueron asesinados a tiros en la ciudad costera de Manta. El violento incidente ocurrió cuando la pareja asistía a un evento en un circo, que Nieto ayudó a organizar en conmemoración del Día del Niño, celebrado el 1 de junio.
El tiroteo se desató en medio de una multitud que incluía a muchos niños, quienes esperaban emocionados para ocupar sus asientos en el circo. Según los informes de las redes sociales, el periodista Josué Suárez también resultó herido mientras transmitía en vivo la entrada de las personas al circo.
Este asesinato marca otro episodio de una serie de violentos crímenes que han afectado a figuras públicas y políticas en Ecuador en los últimos años. En marzo del mismo año, Brigitte García, la alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente y miembro del movimiento Revolución Ciudadana, fue asesinada a pesar de un estado de excepción impuesto por el gobierno para abordar la ola de violencia que se había desatado a principios de año.
La inquietante tendencia no se detuvo allí. A menos de dos meses del asesinato de García, Diana Carnero, concejala del municipio costero de Naranjal, fue víctima de un tiroteo. El asesinato de Carnero ocurrió en medio del estado de excepción, una medida de emergencia implementada por el presidente Daniel Noboa para frenar la violencia atribuida a grupos del crimen organizado.
Al declarar el «conflicto armado interno», el gobierno identificó al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional como «organizaciones terroristas» y «actores no estatales beligerantes». Esta medida se tomó después de que el presidente Noboa anunciara su ‘Plan Fénix’ para recuperar el control de las cárceles del país, dominadas por bandas criminales cuyas rivalidades han causado la muerte de más de 450 presos desde 2020.
La violencia no se limitó a las cárceles y se filtró en las calles, lo que llevó a Ecuador a ser uno de los países más violentos de la región con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023. En respuesta a esta crisis, el 21 de abril, los ecuatorianos participaron en un referéndum y consulta popular sobre varios temas de seguridad, justicia, inversiones y empleo. Los votantes aprobaron la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en acciones de seguridad interna en apoyo a la Policía, especialmente en la lucha contra el crimen organizado, sin tener que recurrir a los estados de excepción.
