El Servicio Nacional de Migraciones de Chile, dirigido por Luis Eduardo Thayer, se encuentra en la tarea de actualizar el estado de cumplimiento de las órdenes de expulsión administrativa que se han dictado en los últimos años. Thayer asistió a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para explicar esta situación, en respuesta a una consulta del presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (exPDG).
El tema en cuestión es el cumplimiento de 28.000 órdenes de expulsión administrativa que se han emitido en los últimos años. Se solicitó información actualizada sobre cuántas de estas órdenes se han llevado a cabo, cuántas están pendientes y los motivos por los que algunas no se han podido concretar.
Thayer explicó que las 28.000 expulsiones, o «decretos de expulsión», corresponden a las expulsiones vigentes desde 2014. Estos decretos están en constante crecimiento, ya que se dictan nuevas expulsiones todos los días. Desde que asumió el gobierno actual, se han dictado 4.499 expulsiones, casi 4.500. Al inicio del gobierno, había 24.000 decretos de expulsión pendientes.
El Servicio Nacional de Migraciones trabaja constantemente en dictar expulsiones a personas que cumplen con los criterios de expulsión. Sin embargo, existe una brecha natural entre el número de expulsiones dictadas y las que se materializan. Es más rápido dictar una expulsión que llevarla a cabo.
En 2018, se dictaron 2.566 expulsiones y se materializaron 302 (10%). En 2019, se dictaron 5.151 expulsiones y se materializaron 577. En 2020, se dictaron 3.122 expulsiones y se materializaron 202. El número total de expulsiones dictadas ya ha alcanzado las 29.000.
El gobierno está trabajando para agilizar y aumentar la eficiencia en los procesos de materialización y dictado de expulsiones. Se están tomando medidas para dictar y notificar expulsiones más rápidamente. Thayer anticipó que es muy probable que a fin de año, se sumen 20.000 decretos de expulsión más a los 29.000 que ya están vigentes, debido al aumento de la capacidad para notificar y emitir decretos.
El desafío de Thayer y del Servicio Nacional de Migraciones ahora es detectar a las personas, detenerlas y expulsarlas. Este es un proceso complejo que requiere una cuidadosa coordinación entre varias instituciones y una gestión eficiente de los recursos disponibles. También implica enfrentar desafíos legales y logísticos, así como consideraciones humanitarias y de derechos humanos.
La situación de la migración en Chile es un tema de interés nacional e internacional. Las decisiones tomadas por el Servicio Nacional de Migraciones y el gobierno en este ámbito tendrán un impacto significativo en la vida de miles de personas y en la percepción de Chile como un país de acogida. La eficiencia y la justicia en la implementación de las políticas de migración serán esenciales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en esta materia.
Como tal, la presentación de Thayer ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados es un paso importante en la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno sobre este tema crucial. A medida que Chile continúa navegando por las complejidades de la gestión de la migración, será esencial mantener un diálogo abierto y constructivo entre las partes interesadas y garantizar que las políticas y las prácticas reflejen los valores y las obligaciones del país.
