En un movimiento reciente, el Ministerio de Justicia ruso ha sumado a su creciente lista negra de agentes extranjeros al movimiento «Camino a casa», también conocido como Put Domói en ruso. Este grupo, compuesto principalmente por mujeres y en menor medida por madres, representa a los civiles que fueron movilizados al frente de guerra en Ucrania. Estas mujeres desean fervientemente el regreso de sus seres queridos a casa y su lucha no ha pasado desapercibida por el Kremlin.
La acusación contra el movimiento y una de sus líderes, Yekaterina Gordéyeva, es la difusión de «información inexacta» sobre la guerra. Sin embargo, las mujeres han declarado que no se detendrán ya que sus seres queridos aún están en peligro de muerte con el actual gobierno de «patriotas», tal como han enfatizado en un comunicado.
La etiqueta de agentes extranjeros de Rusia no tiene absolutamente nada que ver con la ley estadounidense del mismo nombre. Con esta legislación, el Kremlin puede designar a cualquier ente o persona que difiera de la línea oficial y crearle una aureola peligrosa. El castigo incluye el veto total a la actividad política y algunos empleos, aunque puede implicar incluso multas y el cierre de la organización perseguida.
La protesta comenzó con un pequeño grupo de mujeres y madres de combatientes unidas por el deseo del regreso al hogar de sus parejas. Su canal de Telegram suma más de 50.000 seguidores hoy, lo que indica su creciente influencia y amenaza para el gobierno.
Las autoridades acusan a estas mujeres de «crear una imagen negativa de Rusia» y llamar a los ciudadanos a participar en protestas no autorizadas. Sin embargo, a diferencia de otros actos contra la guerra de Ucrania o por la persecución del disidente Alexéi Navalni, las mujeres de los movilizados no han sido arrestadas cuando se han congregado ante los monumentos militares para exigir con flores que sus esposos regresen a casa.
Fuentes del grupo han revelado que algunas participantes han sido amenazadas estos meses. Según esa versión, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) se presentó, por un lado, en las casas donde estaban las mujeres y, por otro, preguntó a sus maridos desplegados en Ucrania por la organización Put Domói.
Vladímir Putin decretó su primera movilización forzosa en septiembre de 2022. El Ministerio de Defensa aseguró haber reclutado a 300.000 militares, aunque esta cifra ha sido completada con el alistamiento de voluntarios a los que el Kremlin atrae con salarios de 200.000 rublos mensuales, unos 2.000 euros, que casi cuadruplican lo que gana un ruso medio.
Putin declaró en diciembre del año pasado que unos 617.000 combatientes rusos están desplegados sine die en Ucrania. De hecho, Putin nunca publicó un segundo decreto que cerrase oficialmente su primera movilización y los llamados a filas no saben cuándo regresarán a casa: el Kremlin se prepara para una guerra larga y ha prohibido tajantemente la desmovilización de sus tropas hasta que acaben los combates.
Estas mujeres, desesperadas por el retorno de sus seres queridos, han hecho manifestaciones frente al Ministerio de Defensa. Una madre, por ejemplo, rogaba con un cartel este lunes: “Por favor, devuelvan a papá a casa”. Otra clamaba: “Establezcan un plazo de servicio para los soldados de la operación militar especial”.
Estas mujeres se concentraron frente a la sede del ejército durante casi una hora para pedir una reunión con el nuevo ministro de Defensa, Andréi Belóusov, y solo abandonaron el lugar tras las declaraciones de un alto cargo del ejército de que serán escuchadas. El anterior responsable de las fuerzas armadas, Serguéi Shoigú, hizo la misma promesa hace medio año, pero no cumplió su palabra.
