Portugal, que ha sido hasta ahora uno de los estados más acogedores de la Unión Europea en términos de inmigración, está experimentando un giro drástico en su política migratoria. Desde 2017, una ley de extranjería aprobada por el Gobierno socialista de António Costa permitía la regularización de inmigrantes sin permiso de trabajo con la simple presentación de una declaración de interés. Sin embargo, la reciente propuesta del primer ministro, Luís Montenegro, de la coalición conservadora Alianza Democrática, apunta a un endurecimiento de las políticas de inmigración en línea con el cambio de tendencia que se observa en la mayoría de los países europeos.
Montenegro defendió este cambio en la política migratoria argumentando la necesidad de «acabar con algunos mecanismos que se han transformado en un abuso excesivo de nuestra capacidad para acoger inmigrantes». Su propuesta plantea la necesidad de regular la inmigración para dar dignidad a las personas, pero al mismo tiempo sostiene que Portugal no puede «abrir puertas de par en par sin control ni acompañamiento».
El Plan de Acción para las Migraciones, presentado en Lisboa tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, certifica el final de esta era de apertura. Este plan se desmarca del enfoque aperturista que había distinguido al anterior ejecutivo de António Costa, que en plena pandemia decretó una regularización exprés de todos los inmigrantes pendientes de la autorización de residencia para permitirles acceder a los servicios sanitarios y a la prestación por desempleo en caso de despido.
El Plan describe el antiguo régimen como una «puerta abierta y fuente de gran parte de los conflictos». Montenegro aseguró también que la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), que sustituyó al antiguo Servicio de Extranjeros en Fronteras (SEF), no está funcionando bien. Esta agencia regularizó la situación de 180.000 inmigrantes en 2023, pero sigue acumulando una larga lista de peticiones sin atender, que rondan las 400.000.
La política migratoria es un tema clave en la arena política portuguesa, y ha sido utilizada en todas las campañas electorales por Chega, el partido de ultraderecha liderado por André Ventura. Montenegro, sin embargo, intentó desmarcarse del discurso populista que vincula inmigración e inseguridad ciudadana. Aseguró que «no hay ninguna relación directa entre la capacidad de recibir y acoger inmigrantes y la inseguridad», indicando que hay delitos cometidos tanto por nacionales como por extranjeros.
La nueva norma, que tendrá que ser aprobada por la Presidencia de la República antes de entrar en vigor, da prioridad a los ciudadanos procedentes de países lusófonos, además de los perfiles seleccionados por el Gobierno portugués para atraer mano de obra cualificada y estudiantes universitarios extranjeros.
Además, se prevé reforzar la AIMA con más personal para tratar de agilizar los procesos pendientes. El control de fronteras pasará a estar en manos de la Unidad de Extranjeros y Fronteras, una nueva entidad integrada en la Policía de Seguridad Pública.
Otra medida del Plan de Acción para las Migraciones es la creación de un permiso de residencia por inversiones sociales en infraestructuras de acogida y proyectos de integración de inmigrantes, una variante de los visados dorados que antes facilitaban la residencia a cambio de compras inmobiliarias. Asimismo, el Gobierno portugués anuncia la apertura en Lisboa de un centro de acogida de emergencia con capacidad para 200 plazas, que permita albergar a inmigrantes recién llegados que carecen de alojamiento y duermen en la calle.
