La situación legal del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se complica luego del desenlace de tres intensas jornadas de formalización. Jadue había sido imputado por varios delitos de corrupción presuntamente cometidos en el contexto de la pandemia por Covid-19. La jueza Paulina Moya, encargada del caso, ha pronunciado la medida cautelar que pesará sobre el alcalde.
La jueza Moya, en su lectura de la resolución, remarcó la imparcialidad del tribunal, enfatizando que la decisión tomada no considera filiaciones ni ideologías políticas. De esta forma, subrayó que nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse exclusivamente en los hechos del caso, antecedentes aportados y las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales.
Moya también recordó que esta etapa del proceso corresponde a la formalización de cargos y no al juicio oral, por lo que el estándar de convicción establecido por el Artículo 140 del Código Procesal Penal para imponer medidas cautelares más intensas no es el mismo que se requiere para una sentencia condenatoria que exige convicción más allá de toda duda razonable.
La jueza presentó las medidas cautelares luego de repasar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos de la defensa. Declaró que las medidas de menor intensidad son insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento debido a la cantidad de delitos y las penas que estas conllevan. Por ello, consideró que la libertad de Jadue representa un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó prisión preventiva para el alcalde.
Junto a Jadue, se dictó también prisión preventiva para José Muñoz Becerra, quien fuera encargado de ventas de Achifarp (Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares) entre julio y noviembre del 2020 y luego secretario ejecutivo de la asociación desde noviembre a junio del 2022. Por otro lado, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno.
El miércoles, la fiscal Giovanna Herrera inició su acusación contra el alcalde de Recoleta y otros siete imputados en la causa. Los delitos que imputa la fiscal contra Jadue son estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. Algunos de estos presuntos delitos involucran compras de la Achifarp, donde Jadue era presidente del directorio, con la empresa proveedora Best Quality. La fiscalía estima que el perjuicio causado por estas operaciones supera los mil millones de pesos.
En cuanto a las demás personas implicadas en la causa, el Ministerio Público acusa también a María Eugenia Chadwick, directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta; Eduardo Carmelo Sendra Arratia, director del Centro de Salud de Alta Resolutividad SAR de Recoleta; Raúl Daniel Moraga, exsecretario ejecutivo de Achifarp; José Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo Achifarp; Álvaro Javier Castro Robles, representante legal de Best Quality SpA, Patricio Esteban Zavala Espinoza y María Constanza Matus Pérez.
Durante las jornadas previas el tribunal ya había decretado las medidas cautelares para varios de ellos. En el caso de Patricio Zavala, aún no ha sido formalizado. El plazo investigativo es de 120 días. La fiscal Giovanna Herrera ha solicitado prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra, mientras que para Sendra se solicitó arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a coimputados. Sin embargo, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había pedido que su representado quedara sin ninguna medida.
