El 26 de enero de 2024, marcó un hito significativo en el ámbito legal de Chile, cuando la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esta solicitud buscaba modificar la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Tan sólo tres días después, un grupo de diputados del Partido Comunista presentó un proyecto de ley que podría cambiar la forma en que se manejan ciertos delitos. Los diputados, entre los que se encuentran Boris Barrera, Luis Cuello y Carmen Hertz, propusieron que los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho sean considerados por los tribunales para que estos decreten prisión preventiva.
Según el texto de la iniciativa, se señala que actualmente, ninguno de los criterios considera los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco ni cohecho para que el juzgador evalúe la libertad del imputado como un peligro para la seguridad de la sociedad.
«Consideramos que la imputación de estos delitos, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad», se argumenta en el proyecto de ley. «Esto justifica que se resguarde mediante la medida cautelar más gravosa que nuestro sistema contempla, esto es, la prisión preventiva». Este proyecto de ley actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional.
Aunque esta iniciativa fue presentada en un contexto en que Barriga estaba siendo formalizada por cargos en su contra, hoy el escenario ha cambiado y los delitos imputados por la Fiscalía apuntan a otro individuo. Esta norma coincide con los delitos imputados contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien ha sido puesto en prisión preventiva.
La Fiscalía acusa a Jadue, un líder vecinal, de los delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, los cuales presuntamente cometió durante su liderazgo en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
Este cambio en el enfoque de la ley y su aplicación a figuras de alto perfil en la política chilena marca un giro significativo en las operaciones judiciales del país. La propuesta planteada por los diputados del Partido Comunista apunta a una mayor responsabilidad y consecuencias más graves para aquellos en posiciones de poder que son encontrados culpables de delitos financieros y de corrupción.
La medida cautelar de prisión preventiva, según el proyecto de ley, se justifica en casos de delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho debido al peligro potencial que estos representan para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, la aplicación de tales medidas requiere un análisis cuidadoso y un juicio equilibrado para garantizar que se respeten tanto los derechos del acusado como los de la sociedad.
La detención preventiva de Daniel Jadue, como resultado de las acusaciones de fraude fiscal, cohecho y estafa, demuestra la seriedad con la que se están tratando estos delitos. La decisión de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de mantener la medida cautelar de arresto domiciliario para Cathy Barriga también indica un cambio en la forma en que se están abordando estos casos.
Estos desarrollos subrayan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política chilena. Con los cambios propuestos en la ley, el Partido Comunista busca asegurar que los delitos financieros y de corrupción sean tratados con la severidad que merecen, para proteger la seguridad de la sociedad y preservar la integridad del sistema político chileno.
El tiempo dirá cómo estos cambios propuestos afectarán el panorama político y legal de Chile. Sin embargo, es claro que los legisladores y los tribunales están tomando medidas para enfrentar la corrupción y garantizar que aquellos en posiciones de poder sean responsables de sus acciones.
