La funcionaria Sandra Pettovello, un miembro destacado de la administración de Javier Milei, se encuentra bajo una intensa presión y escrutinio público. Con una denuncia penal presentada en su contra el lunes, Pettovello está siendo acusada de formar parte de una asociación ilícita. Además, se encuentra en el centro de un escándalo por la retención ilegal de alimentos y productos destinados a comedores populares y barriadas humildes. Como resultado, la Cámara de Diputados está demandando su comparecencia para responder a estos cargos.
La situación se ha vuelto cada vez más grave con el paso del tiempo. Se alega que Pettovello y su ministerio retuvieron ilegalmente 5 millones de kilos de alimentos y productos que debían ser distribuidos a comedores populares y barriadas humildes. Este acto de retención coincidió con una agresiva campaña contra organizaciones sociales. Cuando se reveló la noticia de la retención de estos productos, estalló un escándalo significativo.
A pesar de la creciente presión, Pettovello parece haber ignorado una orden judicial del juez Casanello que le exigía presentar un plan para comenzar la distribución de los productos retenidos. Debió haberlo hecho el viernes, pero hasta el lunes no había distribución ni plan en marcha.
En medio de este tumulto, Leila Gianni, ex militante de Sergio Massa y actual funcionaria en Capital Inhumano, salió en defensa de Pettovello. Gianni criticó al juez, etiquetándolo como un «juez militante». Este no es un caso aislado de funcionarios provenientes del peronismo en la administración de Milei. Según un informe de Nicolás Posse, ex jefe de gabinete, hay 1.867 funcionarios que continúan en sus cargos implementando ajustes severos.
Al mismo tiempo, las acusaciones de corrupción dentro del Ministerio de Capital (In)Humano, dirigido por Pettovello, están en aumento. Se están investigando contratos irregulares que parecen beneficiar a la funcionaria del Gobierno e incluso a legisladores del oficialismo.
Pettovello, junto con el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, y el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Luis María Scasso, fueron denunciados por la asociación civil Arco Social. Los cargos incluyen asociación ilícita, desvío de fondos y pago de sobresueldos.
Esta situación es el resultado de contrataciones irregulares que salieron a la luz en días recientes. La denuncia no solo afecta a la funcionaria sino también a legisladores y diputados nacionales. Entre los que se habrían beneficiado de este tipo de contratos se incluyen el diputado nacional Santiago Santurio y los diputados provinciales Agustín Romo y Nahuel Sotelo.
Esta historia está en desarrollo y continuará evolucionando en los próximos días. Mientras tanto, el público y los legisladores están observando de cerca las acciones de Pettovello y su ministerio. La gravedad de las acusaciones contra ella y la presión para que rinda cuentas por sus acciones están aumentando.
