El proceso electoral más sangriento de la historia de México ha estado marcado por la estrategia presidencial de «abrazos y menos balazos», con 37 aspirantes a puestos de elección popular asesinados hasta este domingo. El más reciente es Israel Delgado, candidato a contralor por la coalición oficialista en Cuitzeo, Michoacán, quien fue tiroteado en la puerta de su casa unas horas antes de la apertura de los centros electorales.
Estas elecciones son las más grandes jamás realizadas en el país, con 20.000 cargos públicos en juego. En el mismo municipio de Cuitzeo, se reporta la desaparición del asistente personal del candidato a alcalde por la oposición. Esta violencia ha sido una constante en estas elecciones, destacando también el asesinato de Jorge Huerta, candidato del Partido Verde Ecologista en Izcar de Matamoros, Puebla.
A pesar de la grave situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha minimizado la violencia electoral y ha acusado a «los corruptos» de magnificar la situación. Hace apenas 10 días, AMLO criticó a sus detractores por su reacción ante el asesinato de un niño en Tabasco, su estado natal.
La realidad, sin embargo, es contundente. Cientos de aspirantes han sobrevivido a ataques contra su vida, y 4.000 se vieron obligados a retirarse por miedo a perder la vida ante el desafío de los criminales al Estado. Gabriel Guerra, analista político, destaca que si bien la violencia es «terrible, inaceptable y trágica», no es algo nuevo y no debería afectar la normalidad democrática de la jornada.
La violencia electoral en México no es un fenómeno reciente. El país sufrió un magnicidio trascendental en 1994, con el asesinato del candidato oficialista Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, la extensión del narcotráfico y su búsqueda por captar los poderes locales ha impactado directamente en la campaña actual.
El territorio más sangriento en estas elecciones ha sido Chiapas, fronterizo con Guatemala, que no solo ha visto el mayor número de candidatos asesinados, sino que también ha tenido que suspender las elecciones en dos municipios, Pantelho y Chicomuselo, debido a la ola de violencia.
La violencia desatada durante este proceso electoral es solo una muestra de la inseguridad que enfrenta el país, la cual representa la principal asignatura pendiente para la primera presidenta que se sienta en la silla del águila. Este ha sido el sexenio presidencial más violento de la historia, con 188.552 homicidios registrados.
El crimen organizado en México ha cambiado su rostro, y los carteles de narcotráfico han extendido su influencia en otros países, como Ecuador. Más allá del tráfico de drogas, estas organizaciones han aprovechado la política del «abrazos por balazos» para consolidar su poder en una tercera parte del territorio.
En medio de esta situación, AMLO ha insistido en definir la campaña como «pacífica o fresa«. Sin embargo, su gobierno ha perdido el pulso contra el crimen organizado, un reto enorme para la nueva presidenta. La democracia mexicana no ha podido con la violencia, y el actual Gobierno no ha sido la excepción. De acuerdo con una encuesta reciente, el 61,4% de la población siente que vivir en sus ciudades es inseguro.
