El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en medio de un nuevo escándalo, tras un informe revelado por el programa ADN de Canal 9, conducido por Tomás Méndez. Según este informe, el esposo de la famosa modelo Pampita, Roberto García Moritán, habría nombrado a 383 personas en el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, todos ellos con sueldos que rondan el millón de pesos por mes.
Ante tal situación, la legisladora Alejandrina Barry del Frente de Izquierda ha presentado un pedido de informes en la Legislatura. Barry utiliza su plataforma para denunciar corrupción y abusos de poder, y en esta ocasión no ha sido la excepción. La legisladora ha hecho pública su indignación y ha pedido que García Moritán y Jorge Macri, también mencionado en el informe, den cuenta de esta grave acusación.
En los seis meses transcurridos desde que asumió como jefe de gobierno, Jorge Macri ha presenciado el despido masivo de trabajadores de áreas sensibles de la Ciudad, alegando que era necesario realizar un ajuste presupuestario. Sin embargo, el escándalo de Moritán ha arrojado una luz diferente sobre esta situación. Barry ha insistido en que estos hechos deben ser explicados tanto a la legislatura como a la población en general.
El pedido de informe presentado por Barry exige al Gobierno porteño que explique estas designaciones en detalle en el plazo de 30 días. Este detalle permitirá contrastar las contrataciones con los despidos de trabajadores de larga antigüedad. Los detalles solicitados en el pedido de informes incluyen cantidad de nombramientos en el Ministerio de Desarrollo Económico, detalles de la remuneración recibida en cada uno de los contratos, nombres, apellidos y DNIs de quienes percibieron cada uno de los contratos, entre otros.
La legisladora también ha recordado que en la última sesión donde se trató la ampliación presupuestaria se aumentaron impuestos como el ABL, argumentando también bajas en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho, considerado un golpe al bolsillo de millones, contrasta con la noticia del escándalo, indicando que parece haber dinero disponible, pero solo para amigos y afines.
Este incidente pone en evidencia la necesidad de transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Mientras que el despido de trabajadores de áreas sensibles es justificado como un ajuste presupuestario necesario, las contrataciones masivas con sueldos exorbitantes para amigos y allegados del gobierno parecen indicar una discrepancia en las prioridades financieras de la administración.
La ciudadanía, como principal proveedora de los recursos que el gobierno administra, tiene derecho a saber cómo se están utilizando esos fondos. La presentación de este informe por parte de la legisladora Barry es un paso en esa dirección, buscando esclarecer la situación y garantizar que los recursos de la ciudad se utilicen de manera justa y equitativa, y no para favorecer a un pequeño grupo de personas.
Es importante mencionar que este informe es solo una acusación y sigue siendo necesario realizar una investigación más a fondo para confirmar o refutar estas afirmaciones. Sin embargo, el hecho de que tales acusaciones se hagan en primer lugar pone de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en la gestión del gobierno.
El resultado de este informe y las acciones que se tomen en base a él serán, sin duda, un indicador del compromiso del gobierno de la ciudad con la transparencia y la equidad en su administración. Será interesante ver cómo se desarrolla esta situación en las próximas semanas y cuál será el impacto de este escándalo en la gestión del gobierno de la ciudad.
