La reforma electoral podría eliminar el feriado irrenunciable, según la oposición.

Oposición busca eliminar feriado irrenunciable dentro de reforma electoral

El lunes es el último día para presentar propuestas a la reforma que extiende a dos días las próximas elecciones regionales y municipales. Este proyecto también incluye una serie de modificaciones electorales que podrían tener impacto en futuros comicios. Las bancadas del Senado han acordado apresurar la iniciativa que debe estar aprobada y publicada a fines de junio. El viernes pasado, un grupo transversal de senadores del PS, del PPD, de RN, de la DC, de Demócratas, de Evópoli y algunos UDI aprobaron la idea de legislar por 29 votos. Solo hubo 11 votos en contra y una abstención.

Dado que esta reforma ya tiene un mínimo de apoyo para seguir avanzando, los senadores de la oposición acordaron aprovechar la oportunidad para introducir un tema exigido por la derecha y los gremios empresariales: permitir que el comercio pueda operar durante futuros días electorales. La intención es presentar una propuesta para eliminar el carácter de feriado irrenunciable de los días de elecciones y transformarlo en un festivo normal. Esto permitiría que las industrias que lo necesiten por motivos esenciales puedan funcionar en estos días.

Aunque esta medida tendría un impacto positivo en la reactivación económica y en el comercio, que podría abrir en los domingos preestablecidos para elecciones, es resistida por sindicatos y los partidos de izquierda y centroizquierda. Uno de los efectos más significativos de una enmienda de esta naturaleza se daría en las elecciones presidenciales de segunda vuelta que suelen coincidir con el fin de semana previo a Navidad. En estas fechas, el comercio sufre el cierre obligatorio de puertas.

Sin embargo, en la oposición están considerando incluir una compensación para los trabajadores que deban trabajar en días de elecciones, otorgándoles más horas para poder votar. El senador Manuel José Ossandón (RN), quien preside la Comisión de Gobierno, instancia que ha tramitado la iniciativa, advirtió al gobierno que “vamos a presentar una indicación para que los dos días (en que se realicen los comicios) no sean feriados -como lo llaman- irrenunciables o con restricciones para cierto comercio, sino que sea un feriado normal, para que no perjudique el comercio y se hagan bien las cosas”.

Esta enmienda cuenta con el apoyo de los otros dos senadores de oposición de esta comisión: Luz Ebensperger (UDI) y Carlos Kuschel (RN). Por otro lado, el gobierno, que está presionado por sacar pronto esta reforma, advirtió que una iniciativa de ese tipo no podría ser puesta en discusión. La razón es que a fines del año pasado se rechazó un proyecto de ley que buscaba el mismo objetivo.

Dadas las restricciones que la Constitución (artículo 68) impone a proyectos que hayan sido desechados en general, la norma no podría volver a renovarse en un año, ya sea mediante moción, mensaje o indicación. Así lo expresó la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien ha estado a cargo de tramitar la reforma.

La derecha, que representa la mitad del Senado, en teoría, tendría los votos para imponer la disposición en favor del comercio, al menos en esta rama del Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo tiene oportunidades para derribar esa enmienda en la Cámara o ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la prioridad gubernamental ahora es solo sacar la iniciativa lo más pronto posible.

Tras el plazo de propuestas, la Comisión de Gobierno sesionará el martes para votar el articulado de la iniciativa. Esta sería vista el miércoles por la Comisión de Hacienda, dadas las implicancias financieras para el Estado de esta reforma. La apuesta es que una vez cumplidos esos pasos previos, el Senado vote en Sala el miércoles en la tarde y traslade la discusión a la Cámara. El problema es que, debido a los plazos ajustados, los diputados tendrían menos de dos semanas para despachar el proyecto.

Si la Cámara Baja introduce modificaciones, la tramitación podría alargarse con una nueva discusión en el Senado y, eventualmente, con una comisión mixta. Esta comisión se conformaría por cinco diputados y cinco senadores con el fin de resolver las controversias.

Una vez resuelto el capítulo legislativo, aún faltarían otros pasos. Dado que la norma tiene implicancias en la Carta Fundamental, el Tribunal Constitucional tendría que revisar el texto. Todo este procedimiento recién se daría por culminado con la promulgación del Presidente y la respectiva toma de razón de Contraloría para que la nueva ley sea publicada en el Diario Oficial.

Este proyecto, que surgió para extender a dos días las elecciones ante el inminente colapso de locales de votación por el aumento de electores, también incluye otros cambios electorales. Por ejemplo, se establecen multas de hasta $200.000 a quien no vote, se establece un mecanismo de renovación de vocales de mesa y se consagra el uso del lápiz de pasta azul para marcar la papeleta.

Como se trata de una reforma que genera cambios electorales, este proyecto requiere la aprobación de cuatro séptimos del Senado y de la Cámara, es decir, 29 senadores y 89 diputados. A pesar de este umbral, el gobierno -que hizo propia la recomendación del Servel para ampliar las elecciones a dos días-, tendría hipotéticamente los votos si logra alinear al oficialismo, más los apoyos de la DC, de Demócratas, de RN y de Evópoli. No obstante, para salvar la discusión se requiere máxima disciplina y que no haya ausencias sorpresivas, ya que la UDI y el Partido Republicano se oponen.

El principal argumento del Servel para pedir que haya dos días seguidos para las elecciones regionales y municipales de octubre, es que el voto obligatorio aumentará drásticamente la concurrencia a las urnas. Más aún si prospera la aplicación de multas, que están contenidas en este mismo proyecto de ley.

Además, el proceso puede resultar engorroso para el elector, que tendrá que marcar preferencia en cuatro papeletas distintas (alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales). Según las estimaciones del Servicio Electoral, un votante tardará cinco minutos en sufragar. Esto, multiplicado por la cantidad de personas que vota en una mesa, hace imposible que todos alcancen a votar en un día.

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