Dinamarca, conocida como una de las naciones más ricas de Europa, con un estado de bienestar extenso, se ha convertido en la punta de lanza de las políticas restrictivas hacia la inmigración en la Unión Europea. El país nórdico, con una población de casi seis millones de habitantes, está gobernado por una coalición de socialdemócratas y liberales. En su búsqueda por lograr cero solicitantes de asilo fuera del esquema de reasentamiento de la ONU, Dinamarca ha endurecido las condiciones para solicitar asilo y ha implementado numerosos programas para aumentar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.
La intención de Dinamarca es reducir el tiempo de protección de los refugiados y extender una regulación para integrar a quienes llegan. Esta política incluye la transformación de barrios y el realojamiento para cambiar la cara de las comunidades. Incluso se llegó a plantear el envío de solicitantes de asilo a centros en Ruanda. El ejemplo danés se ha convertido en un modelo para otros países, como Suecia, Finlandia o Austria, que también buscan fortalecer sus fronteras ante la inmigración.
En comparación con otros países europeos, el número de solicitantes de asilo que recibe Dinamarca es relativamente bajo. Según Eurostat, Dinamarca recibió 2.255 solicitantes de asilo, frente a las más de 13.000 de Irlanda, con una población similar, y los 165.420 de España. Sin embargo, Dinamarca lidera un gran grupo de países que presionan dentro de la UE para apuntalar políticas migratorias más restrictivas. Estos países reclaman la firma de nuevos pactos con Estados fuera de la UE para frenar las salidas hacia Europa a cambio de fondos, tal como se ha hecho con Túnez o Egipto.
Según Eva Singer, del Danish Refugee Council, la idea subyacente en el modelo danés es externalizar responsabilidades. En otras palabras, la premisa es que Dinamarca y Europa en general no deben asumir la responsabilidad de acoger a los solicitantes de asilo y los refugiados. Singer destaca que el trato a los refugiados que han buscado refugio desde Ucrania es completamente distinto, algo que muchos refugiados no occidentales califican como un “doble rasero”.
Dentro de su política de endurecimiento de las condiciones para los solicitantes de asilo, Dinamarca ha establecido que el asilo no es para siempre. El estatus de refugiado otorga a los solicitantes una protección temporal, por uno o dos años renovables, en función de las condiciones, con la idea de que regresen a su país tan pronto como las condiciones mejoren. Solo se puede pedir el permiso permanente tras ocho años.
Dinamarca también ha establecido que algunas partes de Siria, como Damasco o Latakia, ya son seguras. Esto ha privado a quienes provienen de allí del derecho al asilo, dejándolos en un limbo que los invita a marcharse del país para intentar pedir asilo en otro país europeo.
El ministro de Inmigración e Integración danés, Kaare Dybvad, reconoce que el modelo danés es restrictivo. Según él, la fórmula danesa simplemente busca hacer efectiva la ley, como que quien no tiene derecho a asilo se tiene que marchar. “Se trata de implementar, de poner en marcha las políticas por las que la gente ha votado”, afirma Dybvad.
Dinamarca, que fue un país bastante acogedor de trabajadores extranjeros en las décadas de 1970 y 1980, ha experimentado un cambio de paradigma en su enfoque hacia la inmigración. Durante la crisis migratoria de 2015, provocada por la guerra en Siria, Dinamarca introdujo la fórmula de protección temporal.
A pesar de su postura restrictiva hacia la inmigración, Dinamarca busca trabajadores cualificados y ha experimentado un cambio de rostro en los últimos años. Ahora, muchos de los empleados en cafeterías y otros establecimientos proceden de países extranjeros.
Dinamarca defiende ferozmente su Estado de bienestar y ha calado la idea de que los refugiados, los solicitantes de asilo y la inmigración irregular están drenando sus recursos. De hecho, los datos del Ministerio de Finanzas señalan que los migrantes y refugiados de países no occidentales suponen un coste para el Estado de alrededor del 1,4% del PIB, según un estudio de 2018.
En la política migratoria danesa también predomina una cuestión identitaria. “Es un país que se considera muy homogéneo. El extranjero es visto como alguien con valores diferentes que no comparte una seña de identidad que es la de proteger, contribuir y hacer un uso responsable del Estado del bienestar”, añade el experto Albert Mora.
