El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se enfrentó a la tercera jornada de formalización de cargos ante el Tercer Juzgado Garantía de Santiago este viernes pasado. Jadue ha sido acusado de varios delitos graves, entre los que se incluyen fraude al fisco, cohecho, administración desleal, estafa y un delito concursal.
La Fiscalía Centro Norte alega que Jadue utilizó la Municipalidad de Recoleta como una “caja pagadora” para la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), en la que Jadue ocupaba la posición de presidente. Según las acusaciones, este movimiento de fondos permitió a la asociación aparentar una mayor liquidez financiera y ocultar su verdadero estado financiero. Este acto, si se demuestra, podría tener consecuencias judiciales, civiles y penales.
La fiscalía ha solicitado prisión preventiva para Daniel Jadue, alegando que representa un peligro para la sociedad. Otro imputado, José Muñoz Becerra, exsecretario Ejecutivo de la Achifarp, también se enfrenta a cargos similares a los de Jadue, con la adición de un cargo de lavado de activos.
Otro funcionario implicado en la investigación es Eduardo Sendra Arratia, un médico pediatra y funcionario municipal que también es miembro del PC. Sendra Arratia ha sido acusado de delitos reiterados de fraude al fisco y la fiscalía ha solicitado su arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Si se le encuentra culpable, Daniel Jadue podría enfrentar hasta 15 años de cárcel, según la Fiscalía. Sin embargo, la defensa de Jadue ha insistido en que existe un “sesgo” por parte de la fiscalía. Según sus abogados, la fiscalía se ha centrado exclusivamente en una versión de los hechos, sin investigar objetivamente ni considerar otras posibilidades.
La audiencia del viernes cubrió todos los alegatos pendientes, dejando las decisiones sobre las medidas cautelares de los tres acusados para el lunes.
El caso de Daniel Jadue ha generado una gran atención en Chile y más allá, ya que pone de relieve las cuestiones de corrupción y malversación de fondos en la administración municipal. Jadue ha negado enérgicamente todas las acusaciones y ha insistido en su inocencia desde que se hicieron públicas las acusaciones.
La defensa de Jadue ha criticado a la fiscalía por lo que considera una falta de objetividad y un sesgo en su enfoque de la investigación. Aseguran que la fiscalía ha ignorado evidencia exculpatoria y ha centrado sus esfuerzos en demostrar la culpabilidad de Jadue sin considerar otras posibles explicaciones.
El caso se ha convertido en un tema de debate público en Chile, con muchos cuestionando la integridad del sistema judicial y la capacidad de los funcionarios públicos para llevar a cabo sus deberes de manera ética y legal. La posible prisión preventiva de Jadue y la posibilidad de que pueda enfrentar hasta 15 años de cárcel si se le declara culpable han añadido más combustible al fuego de este debate.
El futuro político de Jadue también se encuentra en la balanza, ya que estas acusaciones podrían poner fin a su carrera política si se demuestra que son ciertas. Sin embargo, Jadue ha prometido luchar contra las acusaciones y ha insinuado que considera que son parte de una campaña política en su contra.
En resumen, el alcalde Daniel Jadue se enfrenta a acusaciones graves de corrupción y fraude al fisco. Si se demuestra su culpabilidad, podría enfrentarse a graves consecuencias, incluyendo la pérdida de su cargo y un tiempo considerable en prisión. Sin embargo, Jadue ha prometido luchar contra las acusaciones y su defensa ha criticado a la fiscalía por su enfoque en la investigación. Con las decisiones sobre las medidas cautelares pendientes, el futuro de Jadue, y el impacto que este caso tendrá en la política chilena, sigue siendo incierto.
