La Cámara Baja del gobierno chileno ha aprobado un proyecto de ley que busca limitar la discrecionalidad del Presidente en la entrega de pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esta medida ha sido objeto de críticas debido a su asignación a personas con antecedentes penales tras el estallido social.
El proyecto, que combina tres mociones presentadas por diputados de RN, UDI, Partido Republicano y Demócratas, así como independientes, recibió más de 90 votos a favor, incluyendo los del Partido Socialista. De acuerdo con la propuesta, la entrega de cada beneficio debe quedar consignada en un Decreto Supremo fundado del Presidente de la República, que posteriormente será objeto de toma de razón por parte de la Contraloría.
Además, el proyecto establece que no se otorgará el beneficio cuando la afectación, incapacidad o dificultad fuere consecuencia de la «exposición imprudente al riesgo» por parte del solicitante, ni tampoco cuando las personas hayan sido condenadas por pena de crimen o simple delito.
Johannes Kaiser, diputado de la Bancada Social Cristiana, opina que este proyecto de ley es necesario porque se ha dado que la gratitud política se ha impuesto por sobre los criterios que son comprensibles para los ciudadanos a la hora de entregar una pensión de gracia. Kaiser criticó que se haya otorgado pensiones de gracia a personas que venden pornografía infantil, una acción que ve como un reflejo de la lógica del Gobierno al entrar a la administración, premiando a aquellos que se lo habían permitido a través de la violencia, el saqueo y el incendio.
Sin embargo, el proyecto no ha sido recibido con apoyo unánime. Durante el debate, las bancadas de Apruebo Dignidad anunciaron su voto en contra de la idea de legislar, aunque los socialistas apoyaron la propuesta, sobre todo considerando las enmiendas presentadas por el Gobierno.
El diputado PS Leonardo Soto sostuvo que este proyecto de ley, en su idea matriz, es importante y hay que aprobarlo porque lo que hace es restringir la discrecionalidad. Según Soto, los beneficios que entrega el Estado deben tener una rigurosa justificación humanitaria, desde el punto de vista del nivel socioeconómico, pero también de la legitimidad. Y subrayó que no se pueden entregar pensiones a personas que han cometido delitos, y delitos graves.
Daniela Serrano, parlamentaria comunista, advirtió que este proyecto no es para desconcentrar las facultades que tiene el Presidente de la República. A su juicio, es más bien un gusto político, de negar responsabilidades en vulneración de derechos que cometió el Estado. Por su parte, la diputada de Convergencia Social Lorena Fries aseveró que la iniciativa atenta contra las facultades del Presidente de establecer las pensiones de gracia.
El proyecto ha generado un intenso debate en la Cámara Baja, con parlamentarios que insisten en los cuestionamientos al Presidente Boric por las pensiones de gracia entregadas, mientras que otros afirman que hay un problema que viene desde los gobiernos anteriores.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al avance del proyecto de los diputados en desmedro del presentado por el Gobierno. Según Cordero, las pensiones de gracia tienen por propósito conferirle a una persona un recurso acotado con la finalidad de aliviar por alguna circunstancia de interés público, y advirtió que hay que tener cuidado con establecer causales que prescindieran de la extensión y fines con los cuales se utiliza. En algunos casos la pensión de gracia se ocupa con fines de reparación, en otros con fines asistenciales, en otros con razones médicas, por lo que ambos proyectos coinciden en acotar la discrecionalidad.
