El Partido Por la Democracia (PPD), una coalición de diputados chilenos compuesta por miembros del partido y otros independientes, ha declarado su intención de acudir a la Contraloría General de la República para solicitar una revisión de la legalidad del acuerdo entre Codelco y SQM en relación con la explotación del litio. Este acuerdo, anunciado el 31 de mayo, ha generado un significativo revuelo político.
Cristián Tapia, miembro de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, ha criticado duramente este acuerdo, al que ha definido como «inmoral». Tapia argumenta que Codelco ha fallado a todos los chilenos al permitir que SQM invierta en este proyecto sin ningún coste. Según Tapia, SQM se beneficiará de este acuerdo durante 30 años, ya que tiene el 49,9% de las utilidades que generará este proyecto. Estas utilidades suman aproximadamente 13 billones de dólares, una suma considerable que el Estado entregará a SQM. Tapia va más allá al sugerir que este acuerdo podría ser no solo inmoral, sino incluso ilegal.
Raúl Soto, un miembro del PPD y antiguo presidente de la Cámara, también ha expresado su oposición al acuerdo. Soto critica lo que considera un acuerdo clandestino, construido en la sombra por el gobierno, a través de Codelco y SQM. Soto compara la situación actual con la respuesta del oficialismo cuando se anunció una negociación similar durante la oposición a Piñera, destacando la discrepancia entre ambas reacciones.
La diputada independiente Camila Musante, también miembro de la bancada PPD, ha añadido que el partido no solo recurrirá a la Contraloría General de la República, sino también a todas las instancias posibles dentro de los procesos de evaluación en curso. Musante lamenta que se haya establecido un mínimo tan bajo en relación con la exclusión de la familia Pinochet del acuerdo.
Por su parte, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, ha aplaudido el acuerdo, lo ve como un triunfo para el Gobierno y la política nacional del litio. Villarino argumenta que el objetivo del Gobierno era tener un acceso rápido a las ganancias provenientes de la exportación del litio, y que la formación de una empresa nacional del litio y el inicio de una nueva explotación habrían tardado entre 5 y 8 años.
Villarino también aborda la evolución de la política nacional del litio. Al inicio de la estrategia nacional del litio, se estableció que el Estado siempre controlaría las sociedades que explotan este mineral en el Salar de Atacama. Hubo muchas críticas desde el sector privado a este respecto. Sin embargo, la realidad ha cambiado. La mayoría de los expertos y parte del mundo político descartan ahora la creación de una empresa nacional del litio. En algunos salares, el Estado seguirá teniendo el control, pero en otros, solo tendrá participación, que no será necesariamente mayoritaria.
