La reciente experiencia de Polonia sirve como una señal de advertencia para la Unión Europea (UE), en un contexto en el que la ultraderecha está ganando terreno en las encuestas. Tras ocho años de un Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS), que ha erosionado el Estado de derecho, el actual Ejecutivo liberal de Donald Tusk —una coalición de partidos de centroderecha con una minoría progresista— se enfrenta a la titánica tarea de restaurar la salud democrática del país. Aunque el Gobierno de Tusk ha logrado algunas victorias en sus casi seis meses de mandato, también ha enfrentado numerosos obstáculos, controversias y desafíos.
Radoslaw Markowski, director del Centro para el Estudio de la Democracia de la Universidad SWPS de Varsovia, describe el proceso de restauración como una «batalla cuesta arriba» frente al «sabotaje continuo» del presidente, Andrzej Duda (miembro del PiS hasta que asumió el cargo). La principal tarea para desmantelar lo que Markowski define como «el régimen de clientelismo autoritario» de las legislaturas ultraconservadoras entre 2015 y 2023, es recomponer el Estado de derecho.
El ministro de Justicia, el jurista y ex Defensor del Pueblo Adam Bodnar, es el arquitecto de esta gran reconstrucción. En una conversación con EL PAÍS, Bodnar reconoce que uno de los principales obstáculos es que no cuentan con la mayoría parlamentaria de tres quintos necesaria para revertir el veto del presidente, que Duda ejerce con frecuencia. El ministro señala que algunas leyes tendrán que esperar a un presidente más amigable, espera que tras las elecciones de 2025.
El antiguo Gobierno controlado por Jaroslaw Kaczinsky “asaltó” la justicia “desde el mismo instante en que llegó al poder”, asegura Markowski. Los críticos denuncian que colocó a personas afines en el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura (KRS), el órgano de Gobierno de los jueces, que pasó a ser elegido por políticos en lugar de por los jueces.
Los cambios que impulsó el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, incluyendo el sistema disciplinario de los jueces, comprometieron la independencia judicial, según la Comisión Europea, y le costó al país la suspensión de 59.800 millones de euros de los fondos de recuperación.
Por su parte, Bodnar, con un plan de acción y un compromiso firme de reformas, ha conseguido que el dinero haya empezado a fluir hacia Varsovia y que la Comisión haya cerrado definitivamente esta semana el procedimiento del artículo 7. “Una gran victoria”, según Jakub Jaraczewski, director de investigación del centro de pensamiento Democracy Reporting International, porque lo ha logrado después de introducir “algunas mejoras en el Estado de derecho, pero sin grandes reformas”.
La controversia se ha trasladado ahora a la comunidad jurídica, a cuenta de la reforma del poder judicial. El gran embrollo es qué hacer con los más de 2.500 jueces —y sus sentencias— que nombró el Consejo Nacional de la Judicatura durante la época de PiS, teniendo en cuenta que muchas designaciones y ascensos tuvieron motivaciones políticas.
A largo plazo, Bodnar espera que los partidos políticos se pongan de acuerdo para hacer un “reseteo constitucional”, pero cree que el momento no ha llegado. La sucesión de elecciones no ayuda. Polonia celebró comicios regionales y locales en marzo y abril y se encuentra sumida en la campaña por las europeas. En el horizonte están las presidenciales de 2025.
Las elecciones, con una coalición muy diversa que se dirige a votantes muy distintos, también han impedido avanzar en otros pilares de las sociedades democráticas consolidadas, como los derechos civiles. Milosz Hodun, presidente de la Fundación Projekt: Polska, describe los Gobiernos de PiS “como tiempos muy oscuros”.
“PiS no cambió muchas leyes, pero creó un ambiente de odio hacia las personas LGTBI, los activistas, los jueces, los fiscales…”, explica Hodun. Ahora hay incluso ministras de Sociedad Civil y de Igualdad.
Por último, cabe destacar que la ley del poder judicial se encuentra ya en el Senado, a pocos pasos de la firma o el veto de Duda. Otra norma con un futuro aún más incierto es la que pretende reformar el Constitucional, un órgano instrumentalizado por PiS. El Gobierno, como reconoce el ministro, ignora las decisiones del Tribunal, que se opone sistemáticamente a toda iniciativa del Ejecutivo.
