El Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) ha sufrido un duro revés en su disputa con Nuevo Pudahuel, la empresa encargada de operar el aeropuerto de Santiago. En un fallo emitido el pasado 15 de mayo, la Comisión Arbitral dio la razón a Nuevo Pudahuel. Este conflicto legal se origina de los impactos ocasionados por la pandemia y el estallido social, y sus consecuencias sobre el contrato de concesión del aeropuerto.
El conflicto comenzó a principios de 2021, cuando Nuevo Pudahuel solicitó al Panel Técnico de Concesiones que la pandemia fuera reconocida como un hecho sobreviniente, es decir, un evento inesperado que ha alterado de forma sustancial y duradera el equilibrio económico del contrato. En este sentido, la empresa argumentó que la disminución del tráfico aéreo, debido a las restricciones sanitarias, impactó de manera significativa en su rendimiento financiero.
Para contrarrestar estos efectos, Nuevo Pudahuel propuso revisar el contrato y ajustar tanto el plazo del mismo como el porcentaje de ingresos totales, una propuesta que fue rechazada por el Panel Técnico de Concesiones. En respuesta a esta negativa, en 2022, la concesionaria decidió interponer una demanda de cumplimiento de contrato contra el MOP ante la Comisión Arbitral.
Nuevo Pudahuel argumentó en su demanda que la pandemia quebró la conmutatividad del contrato, es decir, el principio de equivalencia entre las prestaciones de las partes, y que las consecuencias de la pandemia constituyeron un riesgo que no habían asumido previamente. En este escenario, la concesionaria solicitó la adaptación del contrato por parte del MOP para obtener un mayor plazo que permitiera distribuir equilibradamente las consecuencias económicas de la pandemia entre las partes. En caso de que su petición no fuera aceptada, la concesionaria solicitó una indemnización por los perjuicios sufridos.
En un escenario de rechazo a ambas demandas, Nuevo Pudahuel solicitó a la comisión que se obligara al fisco a modificar el contrato de concesión, pero permitiendo la recuperación de la inversión mediante una negociación de buena fe en un periodo máximo de seis meses desde que se notificara la sentencia. En su fallo, la comisión rechazó las principales demandas de Nuevo Pudahuel, pero aceptó la última, reconociendo la pandemia como un hecho sobreviniente que afectó la conmutatividad del contrato y obligando al MOP a negociar la modificación del contrato.
En declaraciones a Diario Financiero (DF), Nuevo Pudahuel aseguró que la resolución de la comisión es consistente con la posición de la empresa, de que existe una necesidad justa y crítica de restablecer el equilibrio de su contrato con el Estado chileno. Sin embargo, el fallo de la Comisión Arbitral no ha dejado satisfecho al MOP. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del MOP, interpuso un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones contra los jueces que dictaron el fallo, argumentando que cometieron «faltas y abusos graves» en su sentencia.
Este caso evidencia las complejidades y desafíos legales que la pandemia ha planteado para los contratos de concesión de infraestructuras clave como los aeropuertos. En este sentido, la decisión de la Comisión Arbitral abre un precedente importante para otros casos similares que puedan surgir en el futuro. Asimismo, resalta la necesidad de revisar y ajustar los contratos de concesión para adaptarse a situaciones excepcionales y garantizar el equilibrio económico entre las partes.
En resumen, la pandemia ha impactado de manera significativa en el sector aéreo, generando conflictos legales como el que enfrenta a Nuevo Pudahuel y el MOP. A pesar de la resolución de la Comisión Arbitral, queda por ver cómo se resolverá finalmente este conflicto y cuáles serán las implicaciones a largo plazo para el sector aéreo en Chile. Este caso representa un ejemplo de cómo la pandemia está forzando a las empresas y las instituciones a adaptarse a una nueva realidad económica y legal.
