El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se encuentra actualmente en medio de una tormenta legal. Su defensor, el abogado Ramón Sepúlveda, ha respondido a las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, que ha formalizado cargos contra Jadue por delitos de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco. Estos cargos se derivan de su papel como director de la Asociación de Municipalidades Chilenas con Farmacias Populares (Achifarp) durante la compra y venta de insumos médicos en medio de la pandemia de Covid-19.
Sepúlveda pasó dos horas y cuarenta minutos en el 3er Juzgado de Garantía de Santiago, defendiendo a Jadue contra las solicitudes de prisión preventiva del Ministerio Público. Aunque Jadue ha alegado persecución política fuera de los tribunales, la estrategia de defensa en la audiencia parece haber sido diferente.
En el tribunal, Sepúlveda argumentó que, aunque pudo haber habido faltas administrativas o errores en la gestión de la Achifarp, no hubo intención de dañar o actuar maliciosamente. Además, distanció el caso de Jadue de otros casos de corrupción, como los de los alcaldes de Rancagua y Maipú. Sepúlveda también apuntó al secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz Becerra, como el principal responsable de los cargos, ya que él era quien manejaba las cuentas de la asociación y mantenía contacto con la empresa proveedora de insumos médicos, Best Quality.
Una de las acusaciones de fraude al fisco presentadas por la Fiscalía se refiere a la supuesta manipulación de Jadue para que el concejo municipal de Recoleta aprobara la compra del medicamento Interferón para combatir el Covid-19. Sepúlveda defiende que el informe falso que facilitó la aprobación del concejo fue un error, y que la Universidad de Concepción, que fabricó el medicamento, creía que estaba aprobado por el Instituto de Salud Pública (ISP). Sepúlveda también sostiene que Muñoz Becerra es responsable de que los fondos necesarios para fabricar el medicamento nunca llegaron a la universidad.
La defensa de Jadue también se ha centrado en desacreditar la idea de que Jadue tenía un control total sobre Achifarp. Sepúlveda señala que la asociación estaba compuesta por más de 90 municipios y un directorio. A pesar de esto, varios alcaldes como Germán Codina de Puente Alto, Carlos Cuadrado de Huechuraba y Jorge Sharp de Valparaíso, han testificado que Jadue y su equipo tomaban decisiones sin consultar al resto de la Asociación.
En respuesta a estas afirmaciones, Sepúlveda ha criticado a la Fiscalía por su supuesta parcialidad y ha señalado al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien era el tesorero de Achifarp, por no fiscalizar adecuadamente el uso de los fondos de la asociación.
Finalmente, Sepúlveda ha desestimado las acusaciones de cohecho y estafa presentadas por empleados de Best Quality. Según estos empleados, Jadue les habría pedido un «bono» extra para cerrar un contrato. Sepúlveda defiende que no hay ninguna comunicación directa entre Jadue y los denunciantes, y critica a la Fiscalía por no realizar una investigación adecuada para determinar el valor de los supuestos bienes ofrecidos como soborno. Según el abogado, Best Quality es una «empresa corrupta» que intentó hacer quebrar a Achifarp con un cobro desmedido de $1.000 millones.
