El juicio del caso de Stormy Daniels ha culminado con la culpabilidad de Donald Trump por 34 delitos de falsificación documental. El juez del caso, Juan Merchan, dará a conocer la sentencia el 11 de julio. Los delitos están relacionados con el pago en negro a una actriz porno en las cercanías de las elecciones de 2016 que condujeron a Trump a la Casa Blanca. La condena se produce en un momento de grandes expectativas, ya que el 15 de julio comenzará la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde Trump será nombrado oficialmente como el candidato del partido conservador.
Es una situación sin precedentes en la historia de los Estados Unidos que un expresidente sea declarado culpable de delitos penales, especialmente cuando todavía aspira a un segundo mandato en las próximas elecciones, previstas para el 5 de noviembre. Además, Trump enfrenta otros tres casos legales, con un total de 91 cargos en su contra. Sin embargo, ninguno de estos cargos es de insurrección, el único delito que, según la Constitución estadounidense, prohibiría a un individuo asumir la presidencia.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha protegido a Trump, refutando los intentos de algunos estados, liderados por Colorado, de excluirlo de las papeletas electorales en virtud de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Esta adenda, aprobada en 1868 tras la Guerra de Secesión, fue diseñada para otorgar plenos derechos a los ex esclavos del Sur y prevenir que los confederados sublevados volvieran a ocupar un cargo público.
La posible condena a prisión de Trump, que podría implicar hasta cuatro años de cárcel, podría tener consecuencias en aquellos estados que prohíben votar a personas condenadas por delitos penales. Sin embargo, Florida, donde Trump tiene su residencia en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, no es uno de esos estados. La ley de Florida se remite a la normativa del lugar donde fue condenado, en este caso, Nueva York, donde los presos no son privados de sus derechos electorales.
Además, una consecuencia inusual de la posible encarcelación de Trump sería que los miembros del Servicio Secreto asignados para su protección estarían obligados a acompañarlo a la cárcel, ya que la ley estadounidense requiere que un expresidente sea protegido 24/7, independientemente de su ubicación.
El único precedente de un candidato presidencial que hizo campaña desde prisión fue Eugene Debs, líder del Partido Socialista de Estados Unidos, quien en 1920 fue condenado por violar la Ley de Espionaje de 1917 con discursos críticos sobre el papel de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. A pesar de esta situación única, Debs no tuvo ninguna posibilidad de ganar, al contrario de Trump, quien según las encuestas lidera sobre el actual presidente, Joe Biden.
En contraste con la Constitución estadounidense, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en España impide a cualquier persona condenada por sentencia firme presentarse a las elecciones o acceder a cualquier cargo público. Esto también se aplica a aquellos que han sido condenados por delitos de rebelión, terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del estado, incluso si la sentencia no es firme.
