La mañana del día de hoy, las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de examinar los traspasos de recursos del Estado a organizaciones privadas y evaluar posibles deficiencias en la inteligencia estatal para combatir el crimen organizado, se convocaron a las 08:30 horas. Sin embargo, hubo dificultades para alcanzar el quórum necesario en ambas comisiones, lo que provocó un fracaso en la primera reunión y una participación escasa en la segunda.
La primera reunión tenía como objetivo discutir los traspasos de fondos estatales a entidades privadas, pero no se logró el quórum requerido. Se citó al Consejo de Defensa del Estado para exponer sobre la materia, pero solo llegaron a tiempo los diputados Rubén Oyarzo (ex PDG) -quien preside la instancia- y Jorge Rathgeb (RN), lo que impidió la realización de la sesión.
A pesar de la falta de asistencia, se aprovechó la presencia de las autoridades del Consejo de Defensa del Estado para celebrar una reunión informal. Posteriormente, llegaron las diputadas Sara Concha (PSC), Chiara Barchiesi (Republicana). Marcela Riquelme (IND-FA) llegó pasado las 09.15. Los ausentes, que figuran como miembros oficiales de la comisión, fueron los diputados María Candelaria Acevedo (PC), Jaime Araya (IND), Héctor Barría (DC), Gustavo Benavente (UDI), Daniel Melo (PS), Cristhian Moreira (UDI) y Hugo Rey (RN). Todos aquellos que no llegaron a tiempo arriesgan una multa del 1% de la dieta parlamentaria, que equivale a aproximadamente $78.000.
La segunda reunión estaba destinada a evaluar las estrategias para combatir el crimen organizado. En esta convocatoria, asistieron José Miguel Becker (RN) -quien preside la comisión- y Leónidas Romero (IND-RN). La comisión se inició con diez minutos de retraso y luego se unieron los diputados Alejandro Bernales (PL), Matias Ramírez (PC), Félix González (Partido Ecologista Verde) y Joanna Pérez (Demócrata).
La ministra del Interior, Carolina Tohá, compareció ante la comisión investigadora para discutir la situación de las órdenes de expulsión en el país. Según la ministra, Chile tiene acumuladas 28 mil órdenes de expulsión y aclaró que «el número de personas expulsadas no es fijo, ya que se van decretando nuevas expulsiones». Tohá enfatizó que la situación es dinámica y que el ritmo actual no es suficiente para expulsar a todos los expulsados del año y reducir el stock acumulado de años anteriores.
Además, la ministra hizo hincapié en la gravedad del problema, señalando que «hay 28 mil personas en Chile con orden de expulsión, algunas de ellas desde hace ocho años, y están circulando por el territorio nacional. Mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están, no sabemos nada de ellos«. Para abordar esta situación, Tohá sostuvo que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Congreso Nacional para tener un régimen más estricto para controlar a las personas con órdenes de expulsión pendientes.
En resumen, las comisiones de la Cámara de Diputados enfrentan dificultades para operar de manera eficiente debido a la falta de asistencia de sus miembros. Además, la situación de las órdenes de expulsión en Chile es problemática, con miles de individuos con órdenes de expulsión que no se han ejecutado y que circulan libremente por el país.
