El reciente escándalo de corrupción que involucra a Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y miembro del Partido Comunista (PC), ha desencadenado una serie de críticas y cuestionamientos al partido y a su liderazgo, particularmente por su postura de defensa corporativa incondicional. Esta situación ha generado preocupación en el escenario político chileno, con figuras como Sergio Muñoz Riveros cuestionando la actitud del PC y su impacto en las perspectivas electorales del partido.
Jadue está acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, en relación con la gestión de las farmacias populares. Riveros critica la postura incondicional de la dirigencia del PC, especialmente de su presidente Lautaro Carmona. Aunque reconoce la inspiración social de las farmacias populares, Riveros argumenta que esto no puede ser una justificación para los delitos que se están investigando.
La evidencia presentada por la fiscalía contra Jadue es contundente, y Riveros sugiere que los militantes de base del PC deben estar experimentando dudas sobre la posición de su partido. La defensa corporativa del PC, según Riveros, puede ser contraproducente para el partido y socavar sus perspectivas electorales.
Además de la defensa del PC, alrededor de 150 comunistas se presentaron para apoyar a Jadue en el Centro de Justicia. Esta actitud fue criticada por el subsecretario Monsalve, quien declaró que la justicia no debería ser utilizada para transformar a las fuerzas políticas en barras. Riveros interpreta estas palabras como una señal de preocupación del gobierno ante el posible perjuicio que la postura del PC podría representar.
La posición del PC en este caso ha sido interpretada por algunos como un intento de desacreditar al Ministerio Público y cuestionar el sistema de administración de justicia. Riveros califica esta actitud como «gravísima» y se pregunta si el PC se declarará en rebeldía si los tribunales condenan a Jadue.
El presidente del PC, Lautaro Carmona, ha defendido la postura del partido alegando que no se trata de presión indebida a los tribunales. Sin embargo, Riveros cuestiona esta afirmación y señala que el PC no puede seleccionar qué aspectos de la legalidad le convienen, mientras ignora el resto.
La última encuesta de Data Influye muestra que el PC cuenta con un 4% de evaluación positiva, una caída de 2 puntos. Riveros sugiere que el PC podría no superar el umbral del 5% en el caso de una posible reforma política, lo que supondría un golpe significativo para el partido.
Además de los problemas legales de Jadue, Riveros critica la gestión de los representantes del PC en los cargos públicos, argumentando que a menudo priorizan la línea partidaria sobre los planes del gobierno. Según él, esto refleja una visión arcaica del progreso social que privilegia el estatismo sobre la iniciativa privada.
Finalmente, Riveros cuestiona la influencia del PC en el gobierno del presidente Boric. Asegura que Boric tiene miedo de que el PC abandone el gobierno, lo cual sería perjudicial para él dado que el PC ocupa cientos de puestos en el aparato estatal. En este contexto, Riveros predice tiempos difíciles para aquellos que aspiraban a refundar Chile.
En conclusión, el escándalo de Jadue y la respuesta del PC han agudizado las tensiones en el panorama político chileno. Las implicaciones de este caso para las perspectivas electorales del PC y el gobierno de Boric son significativas y pueden tener un impacto duradero en la política chilena.
