En medio de una polémica en torno a la publicidad del proyecto de reforma de pensiones del gobierno chileno, los parlamentarios han decidido tomar una postura ofensiva. Esta polémica ha sido generada por un spot del gobierno que ha sido publicado en televisión y las redes sociales, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar la legalidad de tal iniciativa y a recurrir a la Contraloría General de la República para que emita un pronunciamiento al respecto.
El oficialismo, por su parte, ha decidido lanzar sus críticas contra la campaña publicitaria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en la que se exponen sus objeciones a la reforma previsional propuesta por el gobierno. Además, han cuestionado la formación de la denominada «comisión Bravo 2.0«, un grupo de expertos convocados por el economista David Bravo, financiado por la Asociación de Aseguradores, para elaborar propuestas destinadas a desatascar el debate sobre la reforma.
Luis Cuello, diputado del Partido Comunista y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, ha solicitado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que se pronuncie sobre las posibles infracciones asociadas al spot publicitario que la Asociación de AFP emite en televisión bajo el lema «Yo quiero elegir«.
En dicho spot, las AFP insisten en que los fondos de ahorro previsional deben ser propiedad de los trabajadores, aludiendo directamente a la propuesta de reforma del gobierno que propone una cotización adicional del 6% a cargo del empleador. Según Cuello, las AFP están llevando a cabo propaganda política basada en información falsa, ya que afirman que el 6% adicional propuesto por el gobierno pertenece a los trabajadores y sus familias.
Esta cuestión también fue abordada por los senadores oficialistas de la comisión de Trabajo, que actualmente están debatiendo la reforma previsional. La senadora Alejandra Sapúlveda (FRVS) ha solicitado que se inicie una investigación sobre los recursos utilizados por la Asociación de AFP para llevar a cabo su campaña publicitaria, que según ella, no refleja la realidad del proyecto de reforma.
En la misma línea, el senador Gastón Saavedra (PS) ha expresado su preocupación sobre el origen de los recursos utilizados en la campaña publicitaria de la Asociación de AFP. Saavedra ha criticado a la presidenta de las AFP por difundir, en su opinión, una visión distorsionada de la reforma previsional.
Además, los senadores oficialistas han expresado su descontento con la recién formada «comisión Bravo 2.0». Según Sapúlveda, la comisión está siendo motivada por los intereses de la industria de los seguros. Saavedra, por su parte, ha opinado que la creación de esta nueva comisión es un intento de dilatar el debate sobre la reforma.
No obstante, el presidente de la comisión de Trabajo, Iván Moreira (UDI), ha intentado restar importancia a la controversia, afirmando que aunque se puedan crear muchas comisiones, la única que realmente representa al gobierno es la comisión formal compuesta por representantes del Ministerio de Trabajo, Hacienda, asesores y representantes de los parlamentarios. Moreira ha asegurado que, más allá de las contribuciones que puedan hacer otras comisiones, la comisión formal es la que prevalecerá.
