El Servicio Médico Legal (SML) de Chile ha iniciado un sumario administrativo contra la ex presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, a raíz de un controvertido informe siquiátrico que realizó a un convicto de violaciones a los derechos humanos durante el régimen dictatorial en el país. Van Rysselberghe ha sido objeto de críticas y cuestionamientos a causa de este informe, que podría permitir al condenado de crímenes de lesa humanidad, cumplir su sentencia en su hogar en lugar de la cárcel.
José Jacinto Otárola Sanhueza, de 82 años, fue el beneficiario del informe siquiátrico favorable de Van Rysselberghe. Otárola Sanhueza fue condenado en el caso conocido como Rosendo-Laja, ocurrido en la Región del Biobío. Gracias al informe de la ex senadora, que decretó su enajenación mental, el condenado podría abandonar la prisión El Manzano y cumplir el resto de su condena de 15 años en su casa.
El SML ha respondido a las críticas sobre el papel de Van Rysselberghe, aclarando que fue contratada con el propósito de llevar a cabo peritajes para casos criminales entre 2018 y 2022, identificados como brechas. Sin embargo, el organismo ha enfatizado que los peritajes relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no forman parte de este Plan de Brechas.
A raíz de estas circunstancias, el SML ha iniciado un sumario administrativo con el objetivo de aclarar por qué se le asignó este caso a Van Rysselberghe y determinar las posibles responsabilidades en esta situación. A partir de ahora, la Dirección del Servicio ha decidido que todas las causas que implican violaciones a los Derechos Humanos, así como los peritajes solicitados, sean coordinados desde el nivel central de la institución, a través de la Subdirección Médica.
La actuación de Van Rysselberghe en este caso ha generado un gran revuelo en el país, marcado por las heridas aún abiertas de la dictadura y los esfuerzos por obtener justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La posibilidad de que un condenado por crímenes de lesa humanidad pueda cumplir su condena en su hogar ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la justicia, la memoria y la reparación en Chile.
El papel de los profesionales de la salud mental en la evaluación de los condenados por violaciones a los derechos humanos también ha sido objeto de debate. ¿Hasta qué punto pueden influir sus informes en la determinación de las condiciones de cumplimiento de la condena? ¿Deberían ser estos casos manejados exclusivamente por el sistema judicial? Estas y otras preguntas siguen rondando en la mente de la ciudadanía, en un país que aún busca cerrar las heridas de su pasado dictatorial.
Por su parte, Jacqueline van Rysselberghe, quien ha tenido una destacada carrera política en la UDI, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional. La ex presidenta de la UDI, cuyo partido ha sido vinculado en numerosas ocasiones a la defensa de integrantes del régimen dictatorial, deberá responder ante el sumario administrativo iniciado por el SML y enfrentar las consecuencias de su actuación en este polémico caso.
En definitiva, el caso de José Jacinto Otárola Sanhueza y el papel de Jacqueline van Rysselberghe en su posible traslado a cumplir condena en su hogar, abre un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos humanos, la justicia y la memoria en Chile, y pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rigurosidad en los procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad.
