El debate por la negociación colectiva ramal ha sido reactivado sorpresivamente por el Gobierno. Este giro inesperado en la política laboral sucedió después de que el Gobierno firmara un extensivo protocolo de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El protocolo, que se anunció a pocos días de la Cuenta Pública del Presidente, Gabriel Boric, incorpora un movimiento hacia la regulación de una negociación colectiva “multinivel”.
Este acuerdo con la CUT incluye un paquete de ayudas sociales y diez temas a tratar que fueron negociados en silencio. Según los funcionarios de La Moneda, la intención es presentar un proyecto de ley este año para garantizar “plenamente la libertad sindical”.
Sin embargo, este anuncio ha provocado cierto malestar en la oposición y en el mundo económico, quienes han calificado el acuerdo como una “mala idea”. Critican el hecho de que se hayan llevado a cabo compromisos de este tipo con la CUT sin consultar a todas las partes involucradas.
La CUT ha estado buscando durante mucho tiempo concretar la negociación colectiva ramal en el país. En 2016, intentaron incorporar esta idea en la reforma laboral que fortalecía a los sindicatos y eliminaba el reemplazo en huelga, pero no tuvieron éxito. En aquel entonces, el Gobierno de Michelle Bachelet argumentó que no estaba interesado en implementar una negociación más allá del nivel de la empresa.
En la última marcha del Día del Trabajador, la CUT volvió a pedir esta solicitud y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anticipó que se iba a avanzar en la idea de acuerdos laborales por sectores económicos y que también se iba a «mejorar la negociación colectiva a nivel de empresa».
En el anuncio del acuerdo, Jara explicó que este se da en el marco de una negociación anual entre el Gobierno y la CUT. El presidente de la CUT, David Acuña, reafirmó el compromiso del Gobierno de implementar la negociación ramal, la cual permitiría una justa distribución de las utilidades generadas por las empresas.
A pesar del respaldo del Gobierno y la CUT, el anuncio ha provocado un debate legislativo. Desde la oposición, la diputada Ximena Ossandón (RN) cuestionó si la negociación ramal quiere decir que el 80% del sector no sindicalizado tendría menores estándares. También criticó que la ministra Jara esté comprometiendo recursos sin consultarlo con el Congreso.
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) criticó la iniciativa al considerar que «hoy la única pega que crece es la de funcionarios del Estado y tenemos hoy una emergencia laboral». Mientras que el diputado Cristián Labbé (UDI) sostuvo que el Gobierno está cediendo a un grupo de presión que es la CUT.
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Luis Cuello (PC), respaldó la iniciativa, destacando que es estratégico avanzar en la negociación multinivel para mejorar significativamente las condiciones laborales.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, expresó que sería más adecuado priorizar en mejorar la productividad y el mecanismo de reconversión. Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) expresó su preocupación ante la posibilidad de que medidas como esta puedan rigidizar la relación entre trabajadores y empresas.
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), José Pakomio, expresó su descontento por no haber sido invitado a dialogar sobre un tema que impactará en muchos niveles a las relaciones laborales.
En última instancia, expertos como el director del Ocec de la UDP, Juan Bravo, advirtieron que a medida que aumenta el grado de centralización de la negociación colectiva, se vuelve más difícil capturar las realidades individuales de cada empresa, lo que puede afectar negativamente a las empresas de menor tamaño.
