La Región de Tarapacá ha sido el escenario de una hecatombe policial sin precedentes, con alrededor de 600 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) participando en un megaoperativo para desbaratar una organización criminal que ha estado operando en la región desde 2021.
Este impresionante despliegue policial, que incluyó el allanamiento de unos 70 domicilios, se llevó a cabo en las comunas de Pozo Almonte, Alto Hospicio, Iquique y Pica. Además, se extendió a las localidades de Chanavayita, Matilla y Colonia Pintados.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el director de la PDI, Eduardo Cerna, supervisaron personalmente la operación. Esta acción representa la última ofensiva en una serie de esfuerzos para combatir el crimen organizado en la región.
Los detectives de la PDI se desplegaron en un esfuerzo concertado para ratificar las acusaciones contra la agrupación delictiva, acusada de una serie de crímenes graves. Entre los cargos que se les imputan se incluyen infracciones a la ley de drogas, ley de armas, asociación ilícita y robo.
Las operaciones de este tipo no son nuevas para el Fiscal Nacional Ángel Valencia. Hace unas semanas, Valencia estuvo presente en una operación policial en el cerro Chuño, en Arica, donde se buscó desbaratar bandas delictuales vinculadas al crimen organizado.
Los recursos movilizados para esta operación ponen de manifiesto la gravedad de la amenaza que representa el crimen organizado para la Región de Tarapacá. La cantidad de efectivos desplegados, el número de domicilios allanados y las comunas involucradas en la operación destacan la envergadura de la operación.
La organización criminal en cuestión ha estado operando en la Región de Tarapacá desde el año pasado, lo que ha llevado a la PDI a llevar a cabo una serie de operaciones para desbaratar sus actividades.
La operación es un testamento del compromiso de las autoridades para combatir el crimen organizado en la región. Con la supervisión directa de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la implicación de la PDI a gran escala, la operación envía un mensaje contundente a las organizaciones criminales en la región.
A pesar de los desafíos que plantea el combate al crimen organizado, las autoridades han demostrado su voluntad de enfrentar estos desafíos de frente. Con esta operación, las autoridades han demostrado que están dispuestas a movilizar todos los recursos necesarios para combatir a las organizaciones criminales.
El trabajo de la PDI en esta operación es un ejemplo de la dedicación y el compromiso de los efectivos de la policía en la lucha contra el crimen. Cada uno de los 600 detectives que participaron en la operación jugó un papel vital en su éxito.
La inclusión de las comunas de Pozo Almonte, Alto Hospicio, Iquique y Pica en la operación destaca la envergadura de las operaciones de la organización criminal. Estas comunas, junto con las localidades de Chanavayita, Matilla y Colonia Pintados, fueron el escenario de la operación policial.
La operación también resalta la gravedad de los cargos que se imputan a la organización criminal. Las infracciones a la ley de drogas, ley de armas, asociación ilícita y robo son delitos graves que amenazan la seguridad y el bienestar de las comunidades en la Región de Tarapacá.
La presencia del fiscal nacional, Ángel Valencia, y el director de la PDI, Eduardo Cerna, en la supervisión de la operación subraya la importancia que las autoridades dan a la lucha contra el crimen organizado. Su presencia envía un mensaje claro de que las autoridades están decididas a hacer frente a la amenaza que representa el crimen organizado para la Región de Tarapacá.
En conclusión, la operación policial en la Región de Tarapacá representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región. Con la participación de 600 efectivos de la PDI, el allanamiento de 70 domicilios y la supervisión directa de las autoridades superiores, la operación envía un mensaje contundente de que el crimen organizado no será tolerado en la Región de Tarapacá.
