El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), está siendo juzgado en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa. Estos cargos surgieron de su tiempo al frente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). El Fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, presentó las acusaciones contra Jadue y otros acusados.
El fiscal sostuvo que los acusados obligaron a la asociación a realizar una «liquidación forzosa» tras una serie de «diversas operaciones abusivas». Según Armendáriz, en junio de 2020, Jadue, entonces presidente de Achifarp, acordó con el acusado Raúl Moraga, secretario ejecutivo del grupo, «la compra de 1.000 termómetros infrarrojos, 80.000 cajas de mascarilla de tres pliegues, 290.000 mascarillas KN95, 220 cajas de guantes de nitrilo y 16.000 pecheras desechables con ojal, obligando a Achifarp en una suma total de $1.384.817.875». Afirmó que la mayoría de estos productos se quedaron en bodegas y sin usar.
Además, ambos acusados están acusados de haber utilizado las cuotas ordinarias de la asociación para pagar una contratación abusiva de $240.556.660 a la empresa proveedora y de $195.285.932 a las empresas de factoring que recibieron facturas cedidas. Armendáriz sostuvo que esto se hizo sin velar por el buen uso de los fondos.
El Ministerio Público sostuvo que estas acciones fueron contrarias a los intereses de la asociación, ya que no tenía suficientes recursos para llevar a cabo la operación. Según la fiscalía, esto generó una deuda de $1.012 millones a la empresa proveedora y de $76.516.000 a las empresas de factoring, totalizando una deuda de $1.089.260.100. También afirmó que «la mayor parte de la mercadería adquirida no fue entregada a los municipios asociados».
En otro caso, Armendáriz sostuvo que el acusado José Matías Muñoz vendió un vehículo de propiedad de la asociación a un conocido, lo que generó desventajas para Achifarp. Jadue, como presidente de la asociación, firmó el contrato de compraventa del vehículo. Según el fiscal, la venta fue desventajosa para la asociación ya que disminuyó el activo social sin generar liquidez.
Además, el fiscal alegó que José Matías Muñoz Becerra, habiendo asumido su cargo de Secretario Ejecutivo de Achifarp, compró 2.000 glucómetros con kit de tiras reactivas, 20 glucómetros y 4.000 cajas de tiras reactivas y lancetas marca Control-D, por la suma de $49.144.644. También compró 150.000 mascarillas KN95 y 400.000 mascarillas de 3 pliegues, por la suma de $242.998.000. Según el fiscal, estas operaciones se realizaron abusando de las facultades de Becerra y generaron una deuda de $217.198.000.
El fiscal también afirmó que Jadue y Becerra, a pesar de conocer el estado financiero de la asociación, llevaron a cabo un proyecto para crear una farmacia de la Achifarp para la venta de medicamentos e insumos al público en general. Jadue firmó un contrato de arrendamiento para un local en la Avenida Los Leones, y Becerra contrató a una empresa para la adecuación del inmueble. La farmacia operó desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022, pagando un total de rentas de arrendamiento de $70.359.121.
Además de esto, producto del sobre stock de elementos médicos, Becerra realizó un remate de los productos «a un precio irrisorio», recaudando cerca de $40 millones, de los cuales solo se depositaron cerca de $20 millones en la cuenta de Achifarp.
En otro cargo, el Ministerio Público afirmó que durante 2020, Jadue concertó reuniones con César Ramírez, representante de la empresa Best Quality, para negociar la compra de productos. Según el fiscal, Jadue solicitó un beneficio económico en forma de donación de productos a cambio de concretar el negocio. La donación se realizó y la mercadería fue entregada en las dependencias del Partido Comunista.
Finalmente, el Ministerio Público sostuvo que Jadue celebró un convenio de colaboración con la Universidad de Concepción para realizar un ensayo clínico y la posterior fabricación de 180.000 dosis del medicamento llamado Interferón. Jadue comprometió a Achifarp con un monto total de $229.789.200, a pesar de saber que el proyecto no contaba con autorización para la fabricación del medicamento Interferón.
