El Tribunal Superior de Bogotá confirmó una condena de más de 19 años de prisión el martes contra cuatro miembros de lo que se conoce como la «primera línea», por los disturbios ocurridos durante las protestas en Colombia entre noviembre de 2019 y febrero de 2020. Este suceso marca un hito significativo en la respuesta del sistema judicial colombiano a los disturbios civiles que han sacudido al país durante los últimos años.
El fallo de 85 páginas del tribunal confirmó los cargos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público contra Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla. Este grupo de individuos, según la sentencia, participó activamente en los hechos ocurridos en Bogotá durante el período mencionado.
El magistrado Jaime Andrés Velasco, que lideró la decisión, dio crédito a las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo interceptaciones telefónicas que establecieron que los jóvenes habían mantenido reuniones con ex miembros de la guerrilla de las FARC.
Según el fallo, Moreno, también conocido como «Martin o Negro», estaba llevando a cabo una «guerra de 4ª generación» o «lucha de masas» como parte del plan de la Segunda Marquetalia, organizado y creado por disidentes de las FARC. El fallo argumenta que estos grupos, que abandonaron los acuerdos de paz y retomaron las armas, diseñaron un plan estratégico de movimientos de masas en zonas urbanas al que se referían como «uniones solidarias».
Flórez Durán fue identificada en el fallo como la coordinadora y estructuradora encargada de entrenar a jóvenes en universidades para que se infiltraran de forma violenta en las manifestaciones. Según el tribunal, estos individuos instrumentalizaban a otras personas para llevar a cabo ataques que dañaran el sistema de transporte público masivo Transmilenio y generaran un estado generalizado de violencia y vandalismo en la ciudad.
El fallo también destaca que dichas acciones y sus consecuencias generaron un pánico generalizado, miedo, terror y zozobra en toda la ciudad capital, y que los daños causados ascendieron a 2.800 millones de pesos colombianos (unos 7,2 millones de dólares).
Esta sentencia se publicó días después de las declaraciones del Presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la condena social y judicial a la llamada «primera línea» durante un acto público. Según Petro, los medios de comunicación y la sociedad en general a menudo retratan a estos jóvenes como terroristas, pero él argumenta que son simplemente jóvenes que enfrentan dificultades y que no son inherentemente violentos o peligrosos.
El Presidente colombiano fue más allá en sus declaraciones, sugiriendo que si estos jóvenes hubieran pertenecido a una clase social más alta o a una escuela prestigiosa, no habrían sido tratados de la misma manera. Esta declaración plantea preguntas sobre la equidad en la aplicación de la justicia y cómo las percepciones de clase y estatus pueden afectar cómo son percibidos y tratados los manifestantes.
Este fallo y las declaraciones del presidente Petro, por lo tanto, destacan las tensiones y controversias en curso en Colombia en torno a las protestas, el papel de los jóvenes en las mismas y la respuesta del gobierno y el sistema judicial. Con este fallo, queda claro que el sistema judicial colombiano está dispuesto a tomar medidas drásticas contra aquellos que considera responsables de los disturbios y la violencia, aunque estas acciones y su justificación siguen siendo objeto de debate.
